Durante un operativo, la Policía Nacional intervino a un aproximado de 205 protestantes al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El grupo de manifestantes se albergó dentro de la universidad desde el 18 de enero, según informó el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito. El representante del Ministerio Público, aseguró que los intervenidos, procedentes de Puno y Cusco, llegaron a la capital para participar en las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, actuando en flagrancia al ingresar y alojarse en la universidad sin recibir el permiso de las autoridades de la institución.
El fiscal, notificó que los intervenidos permanecen en las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo y la Dirección de Investigación Criminal. Barrenechea, informó además que se ha dispuesto que 20 fiscales se acerquen a las Direcciones, además de otros ocho médicos legistas para que realicen los exámenes médicos legales. Todo ello, para determinar que los detenidos no presenten ningún tipo de afectación. Horas después de la intervención, La Fiscalía de la Nación anunció la liberación de 192 protestantes, una vez culminadas las diligencias policiales.
¿Actuación de la PNP fue legal?
“El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, va a actuar dentro del marco de la ley y conforme establece la normatividad, de una forma autónoma e independiente”, subrayó el fiscal Barrenechea. No obstante, una serie de cuestionamientos rondan el operativo policial, enfatizando en cuan legal fue el desalojo de los intervenidos. Uno de los detonantes del despliegue policial habría sido la denuncia de la universidad sobre el robo de equipos y la agresión de un grupo de protestantes contra el personal de seguridad.
El fiscal superior evitó aclarar la legalidad del operativo policial, explicando que un fiscal penal de turno será el encargado de revisar el informe, que deberá emitir la PNP. Ello, para verificar el análisis legal y valorar el accionar de la Policía Nacional. Barrenechea aseguró que se tiene previsto que dicho informe sea emitido en un plazo de 48 horas. “No podríamos adelantar una valoración, porque le va a corresponder al fiscal penal efectuar el análisis legal y verificar la actuación de la autoridad policial”, acotó.
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San Marcos arremete contra la PNP
La UNMSM afirmó que la policía cometió abuso de autoridad a sus estudiantes, quienes fueron intervenidos “arbitrariamente” durante el operativo realizado para desalojar a los protestantes que se habían infiltrado desde el pasado jueves. La Decana de América informó que únicamente pidió a las autoridades la liberación de las puertas tomadas por manifestantes. «El sábado 21 de enero, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos», subraya el documento que emitió la casa de estudios.
Ante las acusaciones de la institución, el Ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que la medida no ha sido excesiva pues “no hubo heridos”. “No ha sido excesivo porque no hubo ningún herido. Habían puesto cadenas, por eso, utilizamos el vehículo multipropósito. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera demorado la intervención policial?”, señaló el titular del MININTER.
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Congresistas piden citar a Vicente Romero para explicar intervención a protestantes
Flor Pablo, congresista no agrupada, presentó una moción para citar al titular del Interior para que explique la intervención en la universidad San Marcos. La moción enfatiza que los efectivos policiales ingresaron “violentamente” a la sede principal de dicha casa de estudios con la finalidad de desalojar y detener a estas personas, entre las que se encontraban estudiantes universitarios. Asimismo, se advierte que no se respetaron los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.
Según Pablo, se habría impedido el ingreso de abogados voluntarios que buscaban proteger los derechos de los intervenidos. “En ese sentido, resulta necesario que, de manera inmediata, concurra el ministro del Interior para que pueda explicar al Pleno sobre las medidas adoptadas, en las cuáles habrían vulnerado derechos fundamentales de las personas y estudiantes que habrían venido desde regiones y se encontraban en el interior de la UNMSM”, menciona el documento presentado por la legisladora.
Por su parte, el ministro aseveró que se respetaron los derechos humanos de las personas detenidas durante la intervención a la universidad. “No ha habido ningún herido, todo ha sido de acuerdo a ley y respetando los derechos humanos. Una de las principales preocupaciones de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola es su cumplimiento irrestricto”, señaló Romero. Respecto a los abogados que no pudieron ingresar a la institución, el ministro manifestó que se procede a “aislar y hacer un trabajo de contención, para garantizar la seguridad de todos los que están en el espacio”.
