El pasado martes 11 de octubre, Fiscalía presentó una denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo. En esta, se le imputan los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y colusión. Además del presidente, Fiscalía también adhirió a la denuncia a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Consecuentemente, el viernes 14 se dio cuenta de la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La subcomisión tendrá hasta el fin del presente mes para calificarla. Finalmente, la suerte del presidente será decidida por el voto del pleno del Congreso.
Los detalles de la organización criminal del presidente de la República
La Fiscalía explica que la conformación de la organización criminal se llevó a cabo en los momentos inmediatamente posteriores a la victoria electoral de Castillo. Además del presidente, los organizadores serían los miembros del «Buró Político» o «Gabinete en la Sombra». Este grupo, que no ostentan ningún cargo en el Ejecutivo, habría coordinado con el residente todos los delitos posteriores. La Fiscalía llamó a esta instancia la «etapa de ideación».
Posteriormente, en los momentos previos a su asunción al mando, Castillo habría tenido una «etapa de estructuración» donde se eligieron personas clave que coparían las instituciones públicas para acceder a espacios de poder económicos y políticos. Así pues, se conformaron el gabinete en la sombra, el brazo congresal, el brazo familiar, el brazo lobista, el brazo de secretaría general, el brazo ministerial y de altos funcionarios y el brazo obstruccionista.
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Órgano operativo de la organización criminal
El órgano operativo se encargó de viabilizar y materializar el programa criminal de la organización. Estos crímenes principalmente comprendieron el direccionamiento de obras y/o contratos en el Estado. Por consiguiente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Defensa y PetroPerú tomaron un rol protagónico.
«Gabinete en la sombra»
El «gabinete en la sombra» está conformado por personas que habrían financiado y/o contribuido con la campaña electoral de Castillo. Al tener cercanía con el presidente, ellos habrían participado en el nombramiento de ministros y altos funcionarios para el desarrollo del programa criminal. Ninguno, a excepción de José Nenil Medina, ostenta un cargo público. Sin embargo, al ejercer gran influencia sobre el presidente contribuyeron en direccionar obras a empresas comprendidas en la organización para obtener ventajas económicas ilegales.
Los miembros del gabinete en la sombra son Segundo Sánchez Sánchez, Abel Cabrera Fernández, Nenil Medina Guerrero y Fermín Silva Cayatopa. Sánchez es un empresario que se encargó de financiar el local de Perú Libre, ceder su local en el Pasaje Sarratea 179, y designar altos funcionarios y servidores públicos.
Por otro lado, Cabrera, financió los viajes de la campaña de Castillo y propuso el nombramiento del exministro Geiner Alvarado en la cartera de Vivienda. De igual manera, Nenil Medina, siendo el alcalde de Anguía, habría direccionado obras a una de las empresas de la organización criminal por un monto superior a los S/ 3 millones.
Finalmente, Silva habría colocado a Chávez Arévalo como Gerente General de PetroPerú y a los ministros, Merino Aguirre en MINEM y Francke Ballvé en MEF. Lo anterior para recibir beneficios económicos.
Secretaría General del Despacho Presidencial
Bruno Pacheco, era la persona encargada de canalizar la ordenes del primer mandatario hacia los ministros y altos funcionarios para que estas sean ejecutadas.
Pacheco estuvo involucrado en dos casos particularmente graves. El primero es el caso de los ascensos irregulares de la PNP. En este caso, Pacheco fue el coordinador entre los generales de la policía, el ministro del interior y el ministro de defensa. Como muestra el registro de ingresos a Palacio, Pacheco se reunió con distintos coroneles de la policía para organizar la modalidad ilícita por la cual ascenderían.
Además, habría gestionado el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo como gerente general en PetroPerú. Para esta coordinación, Pacheco, se comunicó con el ministro de energía y minas, Iván Merino. Sin embargo, este último decidió no acatar lo solicitado por Pacheco. Días después, Merino presentó su renuncia. Posteriormente, se nombró a Chávez gerente general en PetroPerú.
Brazo familiar
La familia de Pedro Castillo juega un rol muy importante en la organización criminal. Es la familia del presidente la que se encargaría de coordinar, gestionar y viabilizar las contrataciones irregulares que se daban en las distintas entidades del Estado. El brazo familiar de la organización estaba compuesto por la primera dama, Lilia Paredes Navarro, sus hermanos, Yenifer Paredes Navarro, Walter Paredes Navarro, David Paredes Navarro, Rudbel Oblitas Paredes y los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo.
Lilia Paredes era la encargada de coordinar los proyectos de inversión a través de su hermana Yenifer Paredes, en primera instancia, y luego con los demás miembros de la organización. Por tanto, Lilia sería el principal vínculo del brazo familiar con Castillo.
Además, Yenifer Paredes, sería la gestora o coordinadora de las diferentes fuentes de ingresos económicos de la organización. Por consiguiente, ella se encargó de supervisar los proyectos de inversión pública y la ejecución de obras para extraer la «coimición» de la organización criminal.
David y Walter Paredes Navarro y Rudbel Oblitas Paredes se habrían encargado de los proyectos en Vivienda. Ellos coordinaron con la empresa de Espino Lucana para que se le asigne el contrato de los servicios de agua potable en Succha Chontas y La Palma.
Los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, tuvieron la función de ser el nexo entre empresarios, funcionarios y el mandatario al interior del MTC. Además, ellos habrían contactado a Zamir Villaverde con el presidente para copar la cartera del MTC y asegurar que loas contrataciones e Provías Nacional y Provías Descentralizado favorezcan a empresas vinculadas con Castillo.
Brazo congresal
Pedro Castillo supo conseguir soporte político en el Congreso de la República. El rol del brazo congresal, apodado por el presidente y Bruno Pacheco como «Los Niños» tiene la función, según Fiscalía, de operar como un «escudo protector». Por tanto, se les dio la consigna de votar en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros. Similarmente, apoyarían al Ejecutivo votando favorablemente a las cuestiones de confianza planteadas por Castillo.
Los principales actores en este grupo fueron seis miembros de la bancada de Acción Popular: Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña. Sin embargo, diferentes medios de comunicación han aseverado la existencia de otros congresistas involucrados con el Ejecutivo de ilegalmente.
Asimismo, en la acusación constitucional se incluye la declaración de un colaborador eficaz que denuncia que «los niños» también habrían proporcionado contactos a Castillo y al MTC de empresarios que podrían ser beneficiados con contratos millonarios y colaborar con la organización criminal.
Tras la acusación constitucional, Fiscalía allanó sus viviendas y despachos y reveló el testimonio de otro colaborador eficaz. Este mencionó que existen 12 «niños» y que el vínculo entre los congresistas y Castillo sería Auner Vásquez, el jefe del gabinete técnico del presidente.
Brazo Obstruccionista
El brazo obstruccionista se ocupó de proteger las operaciones delictivas del presidente. Por un lado, el brazo buscó intimidar a testigos y colaboradores para evitar que declaren ante Fiscalía. Por otro lado, este brazo desplegó actos de persecución y hostigamiento en contra de los operadores de la justicia.
En los casos de Zamir Villaverde y Karelim López, se acusa al Ejecutivo de propiciar reglajes y seguimientos por parte de la PNP. Asimismo, se acusa a Beder Camacho de haber coordinado con el periodista César Hildebrandt para llevar a cabo una campaña de desprestigio en contra de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Similarmente, Hildebrandt habría obtenido información falsa para sus notas periodísticas en contra de la fiscal del asesor técnico de Castillo, Eder Vitón Burga.
Además, el brazo obstruccionista habría buscado interrumpir la labor de Fiscalía desarticulando el equipo especial de la PNP. Para ello, se retiró del cargo al exministro del interior, Mariano Gonzales. Asimismo, coordinaron la fuga de los investigados. Por ejemplo, Camacho habría organizado la fuga de Bruno Pacheco tras la indicación del premier Aníbal Torres.
Finalmente, Félix Chero habría querido disuadir a Villaverde de brindar declaraciones cuando esta había sido recluido en el Establecimiento Penitenciario Ancón I. Según lo declarado por Villaverde, un funcionario del INPE le habría hecho llegar el número telefónico del ministro para que este le exhorte que permanezca en silencio.
Brazo lobista
El brazo lobista de la organización se encargó de la captación de empresarios a ser usados para las contrataciones irregulares. Los lobistas, entonces, ofrecían obras y/o licitaciones a los empresarios a cambio de grandes beneficios económicos para la organización.
Zamir Villaverde, por haberse vinculado con los sobrinos de Castillo, contactó a empresarios para hacerlos proveedores de las obras de Provías Descentralizado. Villaverde fue el que contactó con los hermanos Pasapera, dueños del Grupo ARCOSE S. A. C., TERMIREX S. A. C. y la Corporación Imaginación S. A. C. Recordemos que TERMIREX fue la ganadora de la obra del Puente Tarata III; esa licitación está siendo investigada por Fiscalía.
Marco Antonio Pasapera era el jefe de Karelim López Arredondo; ella operaba como lobista de las empresas de los Pasapera. Ergo, sería incluida al brazo lobista, pues su experiencia serviría de gran ayuda a la organización criminal en conseguir otros empresarios para delinquir. Karelim estuvo involucrada en los proyectos del MTC y de PetroPerú.
Juan Silva – Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Juan Silva direccionó los procesos de contratación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con el apoyo de los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, se conectó con Zamir Villaverde y comenzaron la labor de captar empresarios para ser incluidos en la organización y beneficiarlos con las contrataciones de Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Además, Silva se preocupó por nombrar o disponer el nombramiento de funcionarios y servidores en el MTC para viabilizar las contrataciones en el sector. De esta forma, al copar la cartera del ministerio, la labor de asignar contratos irregularmente se volvió tarea sencilla para la organización criminal del presidente.
Cabe recalcar que tanto Silva como los sobrinos del presidente, Vásquez y Castillo, siguen prófugos de la justicia.
Geiner Alvarado – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
El exministro de Vivienda y del MTC, quien renunció a mediados de septiembre tras la interpelación del congreso, ha acompañado a Castillo desde el inicio de su gestión. En la organización, al igual que Silva, jugó un rol protagónico por el presupuesto que su cartera gestiona.
Sus funciones, según Fiscalía, serían las de direccionar los procesos de contratación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, haciendo uso abusivo de sus facultades. Consecuentemente, se le acusa de haber priorizado los proyectos de las municipalidades cuyos alcaldes formaban parte la organización criminal o eran cercanos a la familia del presidente.
Fiscalía acusa a Alvarado de haber direccionado 34 obras valorizadas en alrededor de S/ 130 millones. Todas estas a empresarios pertenecientes a la organización criminal.
Walter Ayala – Ministerio de Defensa
Walter Ayala, el exministro de defensa de Castillo, solo se mantuvo en el gabinete hasta octubre del 2021. No obstante, fue el encargado de organizar los ascensos irregulares del Ejército, Fuerza Aérea y Policía a cambio de ventajas económicas.
El modus operandi de Ayala consistía en comunicarse con los Comandantes Generales de las fuerzas para solicitar indebidamente los ascensos de ciertos individuos. Además, los ascensos solicitados no tomaban en consideración las normas, procedimientos ni requisitos de cada institución.
Para estas artimañas, Ayala se apoyó en Bruno Pacheco, quien habría prestado su despacho para llevar a cabo las reuniones de coordinaciones irregulares. Tras los ascensos, todos los involucrados habrían recibido dinero de los ascendidos por sus gestiones.
Hugo Chávez Arévalo – PetroPerú
Hugo Chávez Arévalo fue designado «a dedo» por el Ejecutivo de Castillo para desempeñarse como Gerente General de PetroPerú. Su rol en la organización criminal consistió en organizar el proceso de contratación para la compra de Biodiésel B100.
Recordemos que la empresa Heaven Petroleum de Samir Abuadyeh contrató irregularmente con el estado por la venta de 280 mil barriles de Biodiésel, contrato que significó una suma de USD$ 74 millones. El «caso Biodiésel» está siendo investigado activamente por Fiscalía.
Fiscalía denuncia que fue Fermín Silva, uno de los integrantes del «gabinete en la sombra» quien habría propiciado la designación de Chávez en PetroPerú. Lo anterior se podría llegar a comprobar por el archivo de los ingresos a Palacio donde se registró una reunión entre Castillo, Silva, Chávez y Yober Sánchez.
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Órgano de ejecución de la organización criminal
El órgano de ejecución, según Fiscalía, sería el encargado de obtener los beneficios económicos a la organización criminal. Este órgano está conformado tanto por funcionarios y servidores públicos, así como operadores externos al gobierno.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se empleó para la dirección de obras comprendías en Provías Descentralizado. Consecuentemente, la organización criminal se hizo de los siguientes funcionarios de Provías: Alcides Villafuerte Vizcarra, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar William Vargas Mas. Ellos eran los encargados de licitar la obra pública. Además, se les sumó Zamir Villaverde quien era el que se ocupó de las relaciones con los demás empresarios.
Para llevar a cabo el plan de copar las instituciones, Víctor Valdivia designó como Asesor de la Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado a Alcides Villafuerte Vizcarra. Inicialmente, Villafuerte se desempeñó como gerente de obras. Sin embargo, tras ser captado por Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente, Villafuerte fue colocado como director de Provías. Por tanto, Villafuerte se volvió el controlador de las contrataciones licitadas por la referida unidad ejecutora.
Por otro lado, Juan Silva designó a Alcides Valdivia como Director Ejecutivo de Provías Descentralizado. Su rol fue el de organizar y conducir, hasta el otorgamiento de la buena pro, la licitación del «Puente Tarata III». Esta licitación fue la que ganaría TERMIREX S.A.C. de los hermanos Pasapera.
Similarmente, tras la salida de Villafuerte del cargo de gerente de obras, Valdivia designó a Edgar Vargas para suplir la vacante. Vargas trabajaría en conjunto con Valdivia en la obra del «Puente Tarata III» para asegurar que la obra sea direccionada a una empresa de la organizació criminal.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Además de Geiner Alvarado, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo Alcántara también fue una pieza fundamental.
Marrufo fue designado como el jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Su designación fue cuestionada desde el principio, pues Marrufo ya estaba siendo investigado por crimen organizado y lavado de activos en Lambayeque. Además, mientras ocupaba el cargo en Vivienda, se le adjudicó una obra en el municipio de Anguía, distrito del alcalde Nenil Medina, miembro del «gabinete en la sombra».
Según Fiscalía, su función habría sido la de determinar los proyectos que se incluirían en el listado de obras en los decretos de urgencia que serían destinados a las municipalidades cuyos alcaldes formaban parte de la organización criminal. Para cumplir con su rol, Marrufo pasó constantemente por alto los criterios técnicos establecidos en el sector.
PetroPerú
Al ingreso de Hugo Chávez Arévalo a la gerencia general de PetroPerú, este se ocupó de copar las demás gerencias de la empresa estatal. Por tanto, propuso a Gunther Documet Celis como gerente de distribución, Muslaim Abusada Sumar como gerente de cadena de suministro, Jorge Liy Lion como gerente de compras de hidrocarburos, y a Juan Gallarday Pretto como gerente ambiental.
PetroPerú y, por ende, los cinco involucrados en la organización criminal, se encargaron principalmente de propiciar la compra ilícita de Biodiésel B100 a la empresa Heaven Petroleum de Samir Abudayeh.
Recordemos que, en principio, la ganadora de la licitación iba a ser la empresa BioEnergy Perú. Sin embargo, el 28 de octubre del 2021, PetroPerú indicó una errata en la propuesta de dicha empresa. Lo curioso es PetroPerú conumicó la errata a las 4:13 p. m. y tenía plazo de corrección hasta las 5:00 p. m. del mismo día. Es decir, 47 minutos después. Por lo tanto, al BioEnergy Perú no poder corregir el error en su propuesta en el plazo establecido, se le otorgó el contrato a la competidora Heaven Petroleum Operators de Abudayeh. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga activamente el proceso del contrato por USD$ 74 millones.
Además, habría sido Abusada quien solo permitió que los proveedores a presentarse sean solo del mercado nacional, aunque el manual de procedimientos de la empresa indica expresamente lo contrario. Similarmente, Roger Daniel Liy elaboró el Informe de Adjudicación otorgando la buena pro a Abudayeh; el informe fue suscrito indebidamente por Documet. Finalmente, Gallarday Pretto habría suscrito los contratos a pesar de que no estar facultado para hacerlo, pues esa es una competencia de la Gerencia de Cadena de Suministro.
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Impacto de la denuncia constitucional y la labor del Congreso
Tras la denuncia constitucional, el encargado de continuar con el proceso en contra de Pedro Castillo y los demás involucrados es el Congreso de la República. El pasado viernes 14 de octubre, la subcomisión de acusaciones constitucionales ya dio cuenta de la denuncia.
Por tanto, esta semana la subcomisión determinará si la denuncia es admitida y es procedente. Posteriormente, se elaborará un informe de calificación a ser remitido a la Comisión Permanente. En esta última se debe determinar si el informe de calificación es procedente para ordenar una investigación y elaboración de informe. Llegada esta instancia, la subcomisión deberá notificar a los denunciados para que presenten sus descargos y medios probatorios. Luego, el presidente de la subcomisión decidirá si archivar la denuncia o proceder con la acusación. La Comisión Permanente evaluará la decisión y decidirá nombrar una subcomisión acusadora. Finalmente, se debatirá en el pleno del Congreso y se procederá a votar, para aprobar la acusación se requerirá el voto favorable de 2/3 del Congreso, es decir, 66 congresistas, sin contar con la Comisión Permanente.
Es necesario precisar que, aunque acusado o procesado por otros delitos que no sean los comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, sí puede afrontar una acusación constitucional en el Congreso.
Consecuentemente, en el caso de que se proceda con la acusación constitucional, los caminos para la destitución de Castillo de la presidencia serían solo tres: la inhabilitación, suspensión o vacancia. En los momentos posteriores de la presentación de la denuncia de Fiscalía, los congresistas y analistas no se han podido poner de acuerdo con el camino a seguir.
En el caso de la inhabilitación, el congreso podría conseguir que Pedro Castillo no pueda ser funcionario o servido público hasta por 10 años y este camino solo necesita 66 votos a favor de la moción. Por otro lado, la suspensión, haría que Castillo mantenga el cargo de presidente, pero perdería la facultad de ejercer sus funciones; para esta moción solo necesitan 66 votos también. Ergo, Dina Boluarte asumiría las funciones del presidente manteniendo el cargo de vicepresidenta. Finalmente, la vacancia sería la moción más difícil de aprobar, pues se necesitan 87 votos o 2/3 del congreso a favor de la moción. Sin embargo, tras la denuncia, la postura de cada congresista frente a estas tres mociones es incierta.
