La creciente ola de inseguridad que atraviesa el país ha llevado tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo a tomar drásticas decisiones. Esta vez, se propone reformar el sistema de justicia a través de la creación de jueces «sin rostro». La finalidad de esta iniciativa es garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan combatiendo y sentenciando a las organizaciones criminales, las cuales en los últimos años han tenido un significativo avance en el país.
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¿Qué se menciona en el presente proyecto?
Según se establece en el artículo 2 de esta iniciativa legislativa presentada por el congresista Juan Burgos, se autoriza la «creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción» en el caso del crimen organizado. Para ello se buscaría reformar la Ley 30077, la cual especifica el proceso penal en la lucha en contra del crimen organizado desde su etapa investigativa.
Por lo tanto, se añadiría un nuevo artículo a la norma, reconociendo la facultad de establecer tribunales en los cuales no se conozca la identidad de los miembros. Esto con la finalidad de que pueda garantizarse su seguridad. Artículo 6-A. «Preservación de la identidad de los magistrados y fiscales intervinientes en el proceso. La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial».
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¿Es posible el retorno de los jueces «sin rostro»?
En la propia exposición de motivos de la iniciativa normativa, se recurre a la creciente inseguridad ciudadana para tomar esta medida de carácter excepcional. Se citó un dato expuesto en el Diario El Peruano que señala lo siguiente. «El Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, indica que: el Perú ocupa el sexto lugar de los países con mayor percepción de inseguridad con 46.7 %». A su vez, también se demostró que ante el Índice Global de Crimen Organizado, el Perú ocupa el décimo lugar en Latinoamérica, puesto que podría escalar en el caso de no tomarse medidas necesarias.
Asimismo, es fundamental, como se mencionó, garantizar la seguridad del personal del Poder Judicial. Para ello se hace referencia al caso del magistrado Zenón Salvatierra Martínez, quien fue amenazado de muerte en una audiencia. Es por esta razón que se han creado diversas propuestas que buscan combatir la creciente inseguridad ciudadana, aunque no necesariamente sean posibles debido a su constitucionalidad.
En el presente caso, podría existir una vulneración de la garantía de imparcialidad en la administración de justicia. Esto debido a que desconocer la identidad de quien te está juzgando iría en contra de dicho principio constitucional al no ser posible conocer mayor información respecto a dicha persona. Es esta quizás la mayor crítica que se realiza a dicha medida. La cual ya en un principio se aplicó durante el gobierno del expresidente Fujimori. Además, podría traer así consecuencias a nivel internacional o cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional respecto a su constitucionalidad.
Por su lado, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, rechazó la medida señalando que la justicia no se puede llevar a cabo anónimamente. «¿Por qué se va a presentar un juez sin rostro en un estado de derecho, en un país democrático?».
De acuerdo con el parlamentario, esta medida, por el contrario, estaría demostrando que los criminales «han ganado». Es importante que no se genere una politización de dicha medida, principalmente debido a su pasado vinculado al exmandatario.
