El 22 de marzo de 2024, a las 10:30 a.m., un equipo de fiscales, junto con agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ejecutaron una intervención meticulosa en el despacho del ministro del Interior, Víctor Torres, en el distrito de San Isidro, para recabar información relacionada con la contratación de Bobadilla Terán.
Denuncias y posible direccionamiento
El operativo fue desencadenado por denuncias del Colegio de Periodistas de Lima, que el 15 de marzo señaló que Patricia del Carmen Bobadilla Terán, recientemente designada en la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del ministerio, carecía de la colegiatura requerida por la Ley N° 24898. Esta ley estipula que los jefes de información, agregados de prensa y periodistas en el sector público deben estar debidamente colegiados.
El fiscal Renzo Huamán Garayar, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, lideró la investigación, centrando su atención en el cuaderno de ingresos y salidas del despacho de Torres, los videos de seguridad entre el 9 y el 15 de marzo, y los documentos relacionados con el nombramiento de Bobadilla. La sospecha de un posible direccionamiento para contratar a la comunicadora en el Ministerio del Interior se cierne sobre el caso, con rumores de que podría haber más que una relación profesional en juego.
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Crisis política y cambios en el gabinete
En medio de este escándalo, la congresista Kira Alcarraz, impulsora de una moción de censura contra el ministro Torres, reveló que el premier Gustavo Adrianzén había asegurado que se realizarían cambios en el gabinete antes del 3 de abril, fecha en la que se solicitará el voto de confianza al Congreso. Este anuncio sugiere que el desenlace de esta crisis política podría incluir una reestructuración significativa en el Poder Ejecutivo.
Bobadilla y Torres deberán brindar declaraciones
Por su parte, la Fiscalía ha citado a Bobadilla Terán para rendir su declaración el 1 de abril, mientras que el ministro Torres también está programado para declarar ese día. Estas declaraciones podrían ser cruciales para determinar el futuro político de Torres y el curso de la investigación. Para que el Congreso consiga la censura del ministro Torres se requiere del voto de la mayoría simple de los 130 legisladores, es decir, 66.
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Otras críticas a la gestión de Torres
Otras críticas que ha recibido la gestión del ministro Torres incluyen una presunta interferencia en el proceso de ascensos y designaciones en la Policía Nacional del Perú. El exjefe de la Policía Nacional, Jorge Angulo, ha acusado a Víctor Torres de interferir en el proceso de ascensos de grado, pases al retiro y designación de cargos dentro de la institución policial. Angulo afirma tener pruebas de esta interferencia y está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público en la investigación.
Finalmente, los críticos han señalado a Víctor Torres como responsable de la continua inseguridad y criminalidad en el país. La delincuencia y el crimen organizado han afectado a miles de peruanos, lo que ha generado descontento y demandas de acciones más efectivas por parte del Ministerio del Interior.
