El pasado 24 de marzo del presente año, el Supremo Tribunal Federal (STF) declaró inválidas las pruebas que se obtuvieron en los servidores Drousys y My Web Day B. Esos son sistemas donde Odebrecht solía registrar sus sobornos, en el marco del Caso Cócteles. Recordemos que en dicho proceso se le acusa a Keiko Fujimori de organización criminal, lavado de activos y demás delitos.
Fundamentos
El juez supremo Jose Antonio Dias Toffoli, de Brasil, lo decidió así en una resolución la cual declara como precedente el pedido de Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro y coacusado de Fujimori. Éste solicitó extender los efectos de dicho documento que resultó beneficiando al expresidente Ollanta Humala en su juicio por lavado de activos. En el informe se puede leer: “Extiendo los efectos de la decisión para declarar que las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizadas en el acuerdo de indulgencia (idéntico a la colaboración eficaz en Perú) firmado por Odebrecht, son inimputables en el ordenamiento jurídico brasileño en lo que respecta al demandante (Yoshiyama)”.
La razón detrás de la invalidación de pruebas es que el Supremo Tribunal Federal las considera como “poco fiables”. Ello porque se determinó que hubo fallas en la cadena de custodia de los datos obtenidos de los servidores. Aquellos registraban las operaciones del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, donde se encontraba la denominada “Caja 2”. El juez también replicó que en Brasil se prohíbe la práctica de diligencias de cooperación derivadas de dichos elementos. Así, se pudo impedir que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y demás ex ejecutivos declaren contra Ollanta Humala en agosto del 2023.
LEE TAMBIÉN: La Fiscalía allana el despacho del ministro del Interior por presunta contratación irregular
Consecuencias
Ahora que la STF canceló la declaración de los exdirectivos de Odebrecht contra Humala, el Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional aún no asume postura. Esto debido a que no han decidido si la Corte en otro país tiene o no efectos en la justicia peruana. Con respecto a esto, el abogado César Nakazaki dijo lo siguiente: “La gran pregunta que hasta ahora no han respondido los tribunales peruanos es si van a aceptar o no extender los efectos de las sentencias del tribunal de Brasil. Porque podrían no aceptarlo. (…) Esa va a ser la gran discusión jurídica”.
Por otro lado, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta, afirmó que invocarán la decisión del juez Dias siempre que los elementos relacionados a los servidores sean materia de evaluación en el juicio oral. Asimismo, dijo lo siguiente: “El tema es muy simple: Si en el Brasil esas pruebas son calificadas como pruebas ilegales, obviamente la ilegalidad de una prueba es un concepto universal. No tendría que tener aplicación aquí tampoco (las pruebas obtenidas de Drousys y My Web Day B)”.
