El Poder Judicial emitió un auto de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como contra 38 personas más y el partido fujimorista, por el caso conocido como «Cocteles», en el que se investigan presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.
La Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para Fujimori Higuchi por supuestos aportes irregulares a sus campañas electorales de 2011 y 2016. La investigación se centra en actividades de recaudación de fondos del partido naranja que, según el Ministerio Público, habrían servido para ocultar financiamiento ilícito de empresas como Odebrecht.
Presuntas donaciones
El Ministerio Público sostiene que a través de los llamados «cocteles», lujosas cenas organizadas por Fuerza Popular para recaudar fondos, se habrían ocultado millonarias donaciones irregulares de empresas como la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez imputa a Fujimori Higuchi y los otros procesados los delitos de lavado de activos y crimen organizado. Según la tesis fiscal, se trataba de una organización criminal dedicada a «blanquear» aportes ilícitos que en realidad provenían de actividades ilegales.
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Pitufeo y aportes fantasma
Entre las estrategias para ocultar las donaciones prohibidas por ley habría estado el «pitufeo», es decir fraccionar los montos en sumas pequeñas y poner como fachada los nombres de falsos aportantes individuales y distintas personas con el fin de evitar llamar la atención de los mecanismos de control bancario.
Otro punto clave de la acusación es el hallazgo de numerosos «aportantes fantasma». Estos donantes, compradores de tickets para cócteles y rifas, en realidad nunca realizaron dichas contribuciones. Estas personas no identificadas colaboraron en la colocación de dinero en las cuentas del partido Fuerza 2011, utilizando el rubro de ingresos por actividades proselitistas.
La tesis del Ministerio Público es que estas actividades y aportes fantasmas fueron utilizados para ocultar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, como Odebrecht y otras ocultas.
El inicio del juicio oral no solo alcanza a Keiko Fujimori y otros 38 implicados, también están comprendidas como personas jurídicas el partido naranja y la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad del exesposo de la excandidata presidencial.
Reacción de la lideresa
Keiko Fujimori cuestionó el auto de enjuiciamiento en su contra y trató de desacreditar al fiscal José Domingo Pérez, acusándolo de tener sesgo político. Afirmó que espera que la justicia no solo la absuelva, sino también a otros procesados por presuntos aportes ilícitos de campaña. Su estrategia legal se centrará en ajustar los hechos imputados al delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, introducido en el Código Penal después de las campañas en las que participó. Sin embargo, no se le atribuye financiamiento ilegal, sino lavado de activos en el marco de una organización criminal.
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Posible condena
Es llamativo que el juicio inicie luego de 5 años de investigación, lo que demuestra la complejidad del caso. La decisión es un duro golpe para la excandidata presidencial y máxima lideresa del fujimorismo, quien de ser hallada culpable podría recibir una condena de 30 años y 10 meses de cárcel que solicitó el Ministerio Público.
Se espera que este mediático proceso por presunto lavado de activos y crimen organizado se extienda durante un largo período dado el elevado número de acusados. Mientras se desarrolla el juicio, Keiko Fujimori deberá afrontar la restricción de salida del país por 36 meses que también dictaminó el juez Victor Zúñiga a cargo del caso. Cabe recordar que la lideresa naranja ya cumplió una larga prisión preventiva durante las primeras etapas de la investigación fiscal.
