El inicio de un nuevo proceso penal marca otro trazo en el historial judicial de la candidata por Fuerza Popular, quien, con anterioridad, enfrentaba procesos bajo acusaciones similares.
La situación de Fujimori parece tornarse más complicada en medio de una lucha contra el tiempo, en la que espera que se realice una auditoría internacional, alegando irregularidades en el proceso electoral, cuyo resultado final le es desfavorable ante el hombre de izquierda, Pedro Castillo.
Campaña presidencial bajo la lupa
La aparición de nuevos audios, con supuesto material de relevancia jurídico penal, ha traído en consecuencia el inicio de una nueva investigación preliminar contra Keiko Fujimori, su partido y otros, por el presunto acto ilícito de «lavado de activos, en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia». Así como, por el delito de organización criminal en el marco de la campaña presidencial de este año.
El fiscal a cargo de la investigación, indica que «la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del año 2021» dado que, «los hechos denunciados, traen consigo información que involucraría a Fuerza Popular bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita».
Tesis fiscal
De acuerdo con el documento presentado por Domingo Pérez el ultimo 25 de junio, se habría evidenciado «información de audios que contiene comunicaciones telefónicas entre Vladimiro Montesinos, Pedro Rejas y Guillermo Sendón. El tema principal sería el financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular». De ello se tiene lo siguiente:
Además, según lo anotado por el Ministerio Público, «uno de los financistas de las apelaciones del partido, Ruber Awa Matsukawa, es apoderado del casino Emporium y tesorero de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar». Asimismo, «la abogada Rosa Perales Rivera, fundadora del estudio legal Perales & Asociados», figura como financista principal.
De lo anterior, se tiene confirmado que los pagos de las 10 apelaciones de Fuerza Popular, revisadas el 28 de junio, fueron financiadas por «la abogada Rosa Perales Rivera (S/1.980); los empresarios José Navarro Tantalean, Jaime Barco Roda y Erika Marquez San Román (S/1.320 cada uno); y Rubén Awa Matsukawa (S/660).», conforme a lo difundido por el portal de Ojo Público.
Requerimientos
En efecto, Pérez solicita que la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, informe sobre «las operaciones sospechosas vinculadas a Keiko Sofia Fujimori Higuchi» en función de la nueva investigación puesta en marcha por el aparente delito de lavado de activos, vinculado al periodo de la campaña presidencial 2021.
¿Qué dijo Fujimori?
Por su parte, la aún candidata presidencial, Keiko Fujimori se ha pronunciado sobre la investigación que recae en su contra, advirtiendo que se trataría de una «obsesión y afán de figuración». Del otro lado, la abogada de Fuerza Popular afirmó que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato pretende «hacerle daño a Keiko», en la medida en que, considera que se trataría de un caso «totalmente ajeno» a ella.
Por último, la lideresa naranja agregó que «no es más que un nuevo show para tapar el caso de los Dinámicos del Centro», en el que se encontrarían presuntamente vinculados 20 funcionarios del Gobierno Regional y miembros del Partido de Perú Libre.
