Luego de seis años prófugo de la justicia y seis meses tras su extradición desde Estados Unidos a Perú, el expresidente Alejandro Toledo finalmente se enfrenta a las acusaciones en torno al presunto soborno de US$35 millones provenientes de la empresa Odebrecht y sus consorcios. Estas acusaciones están vinculadas a la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3.
Desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, el exmandatario ha iniciado un camino judicial que intentó eludir a toda costa. En un principio, evadiendo a la justicia peruana al abandonar el país en 2017 y, posteriormente, interponiendo múltiples recursos legales en Estados Unidos para evitar su extradición.
Ahora, sentado frente a una cámara de video en la sala de audiencias, Toledo ha respondido cada una de las preguntas formuladas por el colegiado de juzgamiento en el proceso para acreditarlo al juicio oral.
Los exmiembros del Comité de Proinversión señalados son Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font, junto a representantes de empresas como José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone de ICCGSA, y Gonzalo Ferraro Rey de Graña y Montero. Cabe mencionar que José Graña y Hernando Graña estuvieron inicialmente involucrados, pero posteriormente fueron excluidos de la imputación tras llegar a un acuerdo de colaboración eficaz y recibir sentencias. Las empresas vinculadas aún se encuentran en la etapa de investigación preparatoria y no están incluidas en este juicio oral.
En la reciente sesión del juicio, que tuvo lugar sin la presencia de medios de prensa según decisión del colegiado, el abogado de Toledo, Roberto Su, solicitó que su cliente acudiera físicamente a la sala de audiencias, pedido que fue rechazado. El proceso judicial continúa avanzando en busca de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Contra las cuerdas
En una extensa sesión que se prolongó por más de seis horas, la fiscalía detalló las posibles intervenciones ilegales de Alejandro Toledo en las etapas previas y posteriores a la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3. Esto generando un perjuicio estimado en US$403,724,042.00.
Según la fiscalía, los presuntos actos de corrupción se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2006. A través de evidencias y documentos variados, la fiscalía intentará demostrar cómo el exmandatario interfirió en la fase de preinversión y en la formación del Consejo Directivo para la selección y adjudicación del proyecto. Se sostiene que, en su rol como presidente de Perú, Toledo facilitó el direccionamiento del mega proyecto hacia la empresa brasileña y sus consorcios.
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El fiscal José Domingo Pérez subrayó que Toledo tenía un interés personal en la Interoceánica, influyendo en el estudio de factibilidad para declararla de «interés prioritario». Esto habría infringido el deber especial de garantizar que la obra fuera de interés nacional en lugar de ser exclusivamente para su beneficio personal.
En relación a otros implicados, se alega que Camet Piccone, Castillo Dibos y Ferraro Rey se beneficiaron a través de ganancias por dividendos y utilidades.
Para respaldar estas alegaciones, se presentarán testigos como Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, José Alejandro Graña de Graña y Montero, entre otros. Estos testimonios buscarán narrar el presunto pacto colusorio de Toledo para favorecer a las empresas brasileñas y peruanas en la licitación a cambio de sobornos.
El fiscal también destacó que el proyecto se agilizó y se aligeraron las obligaciones legales, técnicas y económicas necesarias para otorgar la concesión. Se pondrá de manifiesto que el proyecto no cumplía con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública y que la empresa brasileña y sus consorcios no estaban calificados para contratar con el Estado debido a procesos judiciales en curso.
Se hará evidente que el Estado pagaría a Odebrecht y sus consorcios una cifra inicial de US$852 millones, aumentando con las adendas y costos de operación y supervisión a aproximadamente US$28.7 millones. También se expondrá que el proyecto no cumplía con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Además, que las empresas involucradas no estaban habilitadas para contratar con el Estado debido a procesos judiciales en curso.
La fiscalía presentará pruebas directas y anticipadas, incluyendo la declaración y pruebas proporcionadas por el empresario y amigo de Toledo, Josef Maiman. Estos elementos buscarán demostrar cómo Toledo habría solicitado US$35 millones a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación.
En relación a la ruta del dinero, se explicará que las empresas de Maiman recolectaron fondos de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Este dinero fue luego transferido a otras cuentas offshore en Costa Rica, un aspecto central en un segundo juicio en reserva contra Toledo Manrique, conocido como el caso «Ecoteva».
