Las piezas en el ajedrez peruano han cambiado y la oposición del Congreso se moverá de una manera nunca antes vista. Luego de elegir las comisiones, las caras que presidirán estas últimas son, para muchos, ya conocidas dentro de la politiquería peruana. José Luna, por ejemplo, es uno de ellos.
¿Quienes acompañarán a José Luna y cuáles fueron sus primeras acciones?
El congresista y fundador de Podemos Perú será quien presida la Comisión de Defensa del Consumidor para el presente periodo congresal. Asimismo, tendrá como vicepresidente y secretario a dos parlamentarios de Perú Libre, partido del presidente Pedro Castillo.
Cabe resaltar que Luna Gálvez mantiene comparecencia restringida por un proceso que sigue por presunto cohecho en agravio del Estado y copamiento de la ONPE para inscribir a su partido político. Esto, pues habría tenido injerencia en la elección del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo.
Entre sus primeras acciones, Luna Gálvez criticó a los organismos reguladores por no defender y respetar los derechos de los consumidores. Por eso informó que se convocará a los titulares de Indecopi, Osinergmin y Susalud, a las próximas sesiones de este grupo de trabajo a fin de que expliquen el alza de precios de productos y en la tarifa de servicios públicos.
Remarcó que no está en contra de la inversión privada, pero sostuvo que debe existir un justo equilibrio en las transacciones de consumo. «Estamos en una economía donde los monopolios y oligopolios crean un desequilibrio que perjudica a los consumidores. Esto hay que corregirlo», comentó.
Antecedentes penales
El sábado 7 de noviembre de 2020, Luna recibió una orden de detención preliminar acusado de haber negociado de forma irregular la inscripción de su partido ante las autoridades electorales.
El político fue notificado de esta detención en una clínica de Lima, donde se recuperaba tras haber sufrido un severo cuadro de arritmia cardíaca. Al mismo tiempo, extendieron órdenes de arresto contra otras cuatro personas, exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE).
A pedido de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado que lleva el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto –la investigación por corrupción en el seno de la judicatura peruana que involucra a jueces, fiscales, empresarios y políticos en un complejo entramado de compra y venta de favores- se ordenó también el allanamiento de 14 inmuebles, entre ellos la vivienda de Luna Gálvez y las sedes de la universidad privada Telesup, de su propiedad.
¿Por qué se le investigaba a José Luna?
Luna Gálvez es investigado por supuestamente haber coordinado con jueces involucrados en el caso de Los Cuellos Blancos la elección de los gerentes de la ONPE, quienes a su vez, en 2017, habrían facilitado la inscripción de su partido en los padrones electorales. De este modo, Podemos pudo participar en las elecciones locales de 2018 y las generales de 2019.
En Perú, para competir en una elección, los partidos políticos deben obtener una inscripción que, entre otros asuntos, requiere la presentación de más de 700.000 firmas de electores. Supuestamente, estas negociaciones de Luna Gálvez habrían permitido que su partido superara observaciones respecto a las firmas recabadas para su admisión.
¿Cómo va el proceso actualmente?
Hasta hace dos semanas, Luna cumplía arresto domiciliario, situación que cambió ya que el juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de su defensa y resolvió cambiar esta situación por una comparecencia con restricciones. El legislador hizo esta solicitud precisamente para ejercer su cargo de congresista durante el periodo 2021-2026.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios le ha impuesto seis reglas de conducta que deberá cumplir «bajo apercibimiento de imponer una medida más gravosa».
Luna no podrá comunicarse con sus co-imputados (incluyendo a su hijo, el excongresista José Luna Morales), ni con testigos o peritos del Ministerio Público. Además, no podrá declarar a los medios de comunicación sobre el proceso ni viajar al extranjero por un plazo de 36 meses.
José Luna y sus 6.8 millones de razones para ir en contra de la Reforma Universitaria
El 30 de julio del año pasado, en medio de la cúspide de la pandemia en el Perú, José Luna recibió una mala noticia. Ese día la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emitió una resolución confirmando la denegatoria del licenciamiento de la Telesup —la universidad de propiedad de Luna— y la sancionó con una multa de S/ 6 872 000 por no dar información sobre el proceso de cierre del centro de estudios.
¿Qué sucedió?
El 24 de mayo del 2019, la Sunedu decidió no dar el licenciamiento a la Telesup debido a que no garantizaba una educación de calidad para sus más de 20 mil estudiantes. Cuando la Sunedu denegó el licenciamiento, el gerente general del centro de estudios era su hijo José Luna Morales.
José Luna ha hecho hasta lo imposible por parar la Reforma Universitaria y, de esa forma, evitar que le cierren su universidad. Apeló la resolución de la Sunedu y llevó el caso al Poder Judicial. El 9 de octubre del 2019, Luna consiguió que el Segundo Juzgado Civil de Bagua ordene la suspensión del cierre de su universidad y que el proceso de licenciamiento de su universidad vuelva a fija cero. La Procuraduría Pública de la Sunedu apeló el fallo judicial. Mientras tanto, la Dirección de Fiscalización y Sanción abrió un expediente contra Telesup por resistirse a cerrar.
Cuando se le negó el licenciamiento, Telesup tenía hasta el 29 de julio del 2019 para informar sobre las medidas y los pasos que iba a toman para el cierre de la universidad y, de esa manera, no afectar a sus estudiantes. Luna, sin embargo, no entregó la información. Ello llevó a que la Sunedu le inicie un proceso sancionar, lo cual terminó en la multa de julio de 6.8 millones de soles.
Finalmente, desde el Congreso anterior, donde Podemos tenía 11 parlamentarios, trataron de retrasar una y otra vez la Reforma Universitaria. Buscando entre otras cosas, que se formase una comisión investigadora que revise los licenciamientos de la Sunedu.