Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), envió un oficio al pleno del Congreso para ratificar que la ley que amplía el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas resulta jurídica y materialmente imposible de cumplir. Dicha ley representaría, además, una transgresión constitucional.
La ley que generó polémica en el JNE
Hace tres días el Congreso de la República oficializaba la Ley 31481, que otorgaba un plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas. Con esta medida, se autorizaba excepcionalmente al JNE disponer la apertura del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes por un periodo de dos días calendario. Esto, para la presentación o modificación de listas de candidatos con miras a las elecciones internas del presente año. Cabe mencionar que el proyecto publicado tenía las rúbricas de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, y de Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta.
A pesar de la publicación, especialistas en derecho electoral afirmaban que el JNE no podía modificar en pleno proceso los plazos electorales establecidos. Como se recuerda, el Jurado Nacional negó la inscripción de listas de candidatos al Congreso por ser presentadas luego de los tiempos establecidos.
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La contundente respuesta del ente electoral
En el oficio de la institución, destaca que a la publicación de la norma, se habían ya realizado las elecciones internas siguiendo el cronograma electoral. De esta manera, por tratarse de una etapa previa que culminó sería imposible recibir candidaturas adicionales.
«Jurídicamente tampoco es posible la presentación de nuevas candidaturas o la modificación de listas de candidatos para unas elecciones internas ya realizadas», se lee en el documento.
El mensaje de Jorge Salas objetó que desconocer los resultados de las elecciones internas realizadas constituye una grave vulneración del derecho a la participación política.
«Desconocer los resultados de las elecciones internas realizadas constituiría una grave vulneración del derecho fundamental a la participación política y el de igualdad, así como la modificación del cronograma electoral y, la contravención de los principios de intangibilidad de las normas, de preclusión, de no retroactividad de las leyes y de seguridad jurídica», afirmó Salas.
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Defensoría del Pueblo se suma al rechazo ante ley publicada
Tan solo hace unas horas, la Defensoría del Pueblo declaró su inconformidad hacia la ley aprobada por el Congreso. El organismo opinó que ampliar los plazos de la inscripción de candidaturas y modificar las reglas de las elecciones internas, pone en riesgo la seguridad jurídica. Igualmente, denotó que las reglas y principios de las elecciones debían regir de principio a fin, ya que alterarlas perjudicaría el pilar fundamental del proceso.
«Como ha señalado el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, la seguridad jurídica es un pilar fundamental de todo proceso electoral, de forma que los plazos electorales son preclusivos y perentorios», declaró la Defensoría.
