La corrupción y las irregularidades se han vuelto la regla al interior del Palacio de Gobierno. Quienes rodean a Dina Boluarte vienen presentando un prontuario que desvirtúa la Presidencia. Uno de sus edecanes designados por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el comandante José Luis Barrantes Cabrejos, tiene más de una polémica en su record. Desde contratos con el Estado con diferentes empresas por parte de su esposa hasta vivir más de dos años incumpliendo el pago de alquiler y negándose a abandonar el inmueble.
Vivir sin pagar
Según documentos a los que accedió Diario El Gobierno, el edecán de la presidente, José Luis Barrantes, ha encontrado cómo vivir sin pagar. Tiene en su contra una demanda por desalojo, pero a través de apelaciones y presuntas conexiones ha logrado permanecer desde mayo del 2021 sin pagar la renta correspondiente.
Por su lado, Bertha Nélida Salinas Lobatón, esposa del oficial de la FAP, ha mostrado la cara verdadera de esta sociedad conyugal. Según el testimonio del dueño del inmueble, Salinas lo amenazó señalando que «en Perú se puede vivir sin pagar alquiler teniendo un buen abogado y contactos«. Este comentario lo habría realizado, también, frente al agente inmobiliario.
La historia
En octubre del 2020, en plena pandemia del COVID-19, el mencionado oficial de la FAP empezó el alquiler de una propiedad en el distrito de Surco. Lo que comenzaría siendo un productivo inmueble para los propietarios ha devenido en un infierno, en la que el actual protector de la presidente ha logrado vivir sin pagar.
La propuesta inicial era en demasía tentadora. Barrantes y Salinas ofrecieron pagar por adelantado US$ 9,900, correspondientes a los primeros 6 meses (US$ 1,650 por mes), y US$ 3,300 por el concepto de garantía (equivalentes a dos meses de renta). En total adelantaron US$ 13,300 a la firma del contrato.
6 meses más tarde, en abril del 2021, comenzarían los problemas. Los propietarios del inmueble no verían un sol más por parte de Barrantes y Salinas. La renta no fue pagada. El 12 de julio del 2021, la propietaria del inmueble cursó un nuevo correo electrónico a la pareja Barrantes Salinas, expresando su frustración e informando acerca de la resolución del contrato: «De acuerdo con las clausulas 6 y 8 del contrato de alquiler, procedemos a resolver el contrato de pleno derecho mediante este medio, por lo cual deberán desalojar nuestra propiedad y entregar las llaves a nuestra representante en un plazo de 7 días calendarios desde recibida esta comunicación». Previo a este último mensaje virtual se habían enviado tres solicitando el «pago de la renta impaga» el 20 de abril, 23 de mayo y 27 de junio
Excusas
La respuesta de Bertha Salinas, arrendataria, llegaría horas después, el 13 de julio del 2021. Entre sus excusas para no pagar la renta usó la afección a sus ingresos devenida de la pandemia del COVID-19: «La pandemia me ha llevado como empresaria, al trabajar con el estado peruano a retrasos no previstos y realmente retrasos que perjudican los pagos habituales y mensuales, situación que ya se está corrigiendo».
Si bien la pandemia puede haber afectado los ingresos de la pareja, como a miles de peruanos, verificamos en el portal de Transparencia Económica del MEF que la empresa registrada por Barrantes en su Declaración Jurada de Intereses, D’BASA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., no percibía ingresos por parte del estado desde 2017.
En ese sentido, se registra en Transparencia Económica que durante los últimos 20 años la empresa de Salinas y Barrantes obtuvo cerca de S/ 1 millón como proveedor del estado peruano. El último registro que se tiene de dicha empresa es de 2022, por S/ 52,660; y previo a la pandemia, en 2017, por el monto de S/ 13,700.66.
Vía notarial
Tras el fracaso de hacer cumplir el contrato a través del correo electrónico, los propietarios de la vivienda surqueña optaron por la vía notarial. Para ello enviaron una misiva el 24 de agosto del 2021, donde daban cuenta del monto de la deuda (US$ 8,500) y de la deuda adquirida por el concepto de mora (US$ 39,100).
Con fecha 1 de septiembre del 2021, Barrantes y Salinas respondieron, también por vía notarial, presentando nuevas excusas y manifestando reiteradas veces que seis meses después de no cumplir con los pagos establecidos en el contrato se compremetían «a cancelar el monto adeudado en el más corto plazo», cosa que nunca pasó.
Tras ello fueron y vinieron más cartas; no obstante, ni la deuda fue saldada ni los Barrantes Salinas dejaron la propiedad. La última carta notarial a la que tuvimos acceso fue escrita el 10 de septiembre por Bertha Salinas, quien señaló estar preocupada y con disposición a desalojar, hecho que nuevamente jamas tuvo lugar.
Cartas a la FAP
En octubre de 2021, finaliza el contrato; sin embargo, Barrantes no habría mostrado intención práctica de devolver la propiedad más allá de las cartas enviadas. Para hacer frente a este acto, los dueños del inmueble optan por enviar cartas a los directores de Personal e Inspectoría de la Fuerza Aérea del Perú Mario Raúl Contreras León y José Trevi respectivamente. En las mismas, notificaban a la FAP del «incumplimiento de alquiler asumido» y la «permanencia no autorizada» del oficial FAP José Luis Barrantes Cabrejos en su inmueble. El monto adeudado hasta esa fecha ascendía a US$ 10,500 y S/ 855.
La institución, lejos de responder la carta notarial, habría dado cuenta a Barrantes acerca de la misiva, razón por la que él mismo contestó a los propietarios.
Demanda
Al no obtener una solución por parte de la Fuerza Aérea del Perú, buscó realizar una conciliación extrajudicial; mas tanto Barrantes como Salinas no asistieron a ninguna de las reuniones planteadas. A pesar de los esfuerzos del propietario por resolver el asunto de forma privada, el oficial, según la versión de los dueños de la propiedad, habría persistido en no devolver esta, lo que ha llevado a la presentación de una demanda en su contra en enero de 2022.
Sin solución
La situación ha empeorado desde entonces, con el oficial demandado apelando la sentencia de desalojo en su contra ante la sala civil en enero de 2023. Según el testimonio de uno de los propietarios, habría utilizado «vacíos legales, trucos y aparente tráfico de influencias» para prolongar el proceso y evitar ser desalojado. Esto ha llevado a que el caso sea elevado a la sala superior, lo que significa que el oficial seguirá viviendo en la propiedad sin pagar ni devolverla hasta que se resuelva el proceso. Según algunos expertos, esto podría tomar al menos uno o dos años más.
La actitud del oficial ha sido calificada por los propietarios como una clara muestra de falta de decoro y principios, y como un abuso de poder. Además, ha sido criticado por «deshonrar el uniforme y la institución a la que pertenece».
