El pasado 2 de diciembre, un grupo de sujetos armados, ingresó a la minera Poderosa y lanzó explosivos en el interior del socavón donde se encontraban trabajando los ahora fallecidos. El ataque dejó 9 trabajadores muertos y más de 15 heridos, algunos de ellos de gravedad.
Inicialmente, el Ministerio del Interior había informado sobre la captura de 7 presuntos implicados miembros de la banda «La Gota Norteña». Sin embargo, días después la Fiscalía desmintió que hubiera detenidos vinculados directamente con la masacre y sólo fueron intervenidos por tenencia ilegal de armas.
Tras el error en la información brindada, el general Víctor Zanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía, reconoció que no hay personas capturadas por el ataque y que se dio información no corroborada.
A pesar del despliegue de más de 200 policías y agentes en la zona, no se ha logrado dar con los responsables del atentado contra los trabajadores de la minera Poderosa.
No obstante, en una reciente visita a Pataz, el ministro Victor Torres anunció la instalación de una base policial de la División de Operaciones Especiales (DINOES) en esta provincia para reforzar la seguridad, la cual estará conformada por personal especializado en diversas unidades. «Nuestro compromiso es proporcionar seguridad y tranquilidad en toda la zona, algo que nunca ha tenido lugar antes», afirmó el titular de Interior.
Se sabe que la comisaría más cercana al lugar de los hechos está a 1.88 kilómetros de distancia, lo cual dificultó una rápida reacción de la policía. Cabe señalar que Pataz se encuentra en estado de emergencia desde enero de este año. Sin embargo, los ataques vinculados a las actividades de minería ilegal no han cesado. De hecho, en julio la minera Poderosa ya había denunciado la presencia de bandas delictivas en la zona que buscaban controlar las operaciones mineras.
Situación de la minería en La Libertad
La Libertad lidera la producción de oro en Perú (32.5 % de la producción nacional). La minería ilegal y la violencia criminal generan problemas de seguridad en la región. En 2022, La Libertad tuvo la mayor cantidad de detenidos por extorsión (240 personas, 32.65 % del total nacional) y minería ilegal (102 personas, 18.37 % del total). Operan numerosas bandas criminales que controlan la minería ilegal, poniendo en riesgo la seguridad y las inversiones en el sector minero formal. Lamentablemente, la minería ilegal ha aumentado y se ha vuelto más violenta y compleja.
Ocho bandas criminales extorsionan y acechan a mineras formales en La Libertad. Operan bajo el disfraz de brindar seguridad a cambio de dinero, pero luego exigen pagos y recurren a la violencia si no se cumplen. Algunas bandas son antiguas y dominantes, mientras que otras son más recientes y están compuestas por extranjeros. La minería ilegal les proporciona ingresos constantes.
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Pronunciamiento de instituciones
Luego del brutal ataque a la minera Poderosa, diversas instituciones se han pronunciado para mostrar su rechazo y pedir mayor acción del gobierno.
La Asociación de Exportadores (ADEX) exige una exhaustiva investigación y todo el peso de la ley para los responsables de este atentado.
La Defensoría del Pueblo ha acudido a la Clínica San Pablo para hacer seguimiento al estado de los heridos; además, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) ha instado al gobierno a cumplir con sus obligaciones en la lucha contra las mafias que buscan socavar la estabilidad en el país.
Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha pedido al Ejecutivo que tome medidas inmediatas para abordar este problema y evitar que se repitan actos violentos en el territorio. En este sentido, se subraya la necesidad de implementar una estrategia integral para abordar el problema de la minería ilegal y prevenir el lavado de dinero en la cadena de proveedores.
En conclusión, las investigaciones siguen su curso pero no se ha logrado detener a los responsables intelectuales y ejecutores del ataque en Pataz. Algunos analistas consideran que se necesita incluso la intervención de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, se evidencia un creciente interés de las mafias por controlar las rentables operaciones mineras en la zona. Se espera que con una base de la DINOES se pueda reducir los índices de criminalidad.
