La pandemia del COVID-19, sin duda alguna, ha cambiado la vida de miles de personas. El sector educación no ha sido ajeno. Tan solo en la primera etapa, más de 350 mil estudiantes dejaron la universidad; sumándose así, a los 80 mil jóvenes que se quedaron sin casa de estudios porque la SUNEDU no los licenció y no existe ningún plan de contingencia que los respalde. No olvidemos, además, a los más de 250 mil jóvenes que dejaron los institutos tecnológicos. En ese marco, los resultados son evidentemente desastrosos. No podemos negar, entonces, que ya es tiempo de revisar el funcionamiento de nuestro sistema de educación superior.
Hoy tenemos aproximadamente 1 millón 990 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿La razón principal?: a este país le hace falta crear oportunidades. Por ejemplo, la universidad pública de Lambayeque, Pedro Ruiz Gallo, fue cerrada en agosto del año pasado luego de que su licencia institucional fuera denegada. De esta forma, se hace evidente que los jóvenes en Lambayeque solo podrán acceder a una educación superior si cuentan con los recursos económicos suficientes para costearse una universidad privada. De igual forma sucede en la capital, con solo seis universidades del Estado, las oportunidades son mínimas. No sorprende, entonces, que más de 2 millones 800 mil jóvenes, entre limeños y aquellos que llegan de provincia, compitan por las pocas vacantes que ofrecen.
Precisamente, en los meses de marzo y septiembre, meses en los que la Decana de América realiza su proceso de admisión, de 30 mil jóvenes postulantes solo poco más de 3 mil consiguen una vacante. Los 27 mil que no ingresan continúan pagando academias muy costosas, se matriculan en universidades privadas o se dedican a trabajar; en el peor de los casos, se unen a la interminable lista que conforma la delincuencia juvenil en nuestro país.
Otro gran problema de la universidad pública es la denominada «Autonomía Universitaria», una medida que los estudiantes ya no defienden desde el punto de vista de la reforma de Córdova sino que, ahora, se ha convertido en una tiranía de decisiones tomadas por sus autoridades: rector, decano y profesores. Esta falsa autonomía solo ha contribuido con la corrupción. Recordemos que a través de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) se cobran los exámenes de admisión, matrículas, títulos, créditos y demás. En esa línea, el gran botín se encuentra en los Centros Pre Universitarios de cada universidad pública. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la CEPRE UNMSM que ofrece ingreso directo cuesta s/ 2 180. Queda claro, entonces, por qué cada año las vacantes y las oportunidades disminuyen.
Remarquemos, también, que la universidad pública no es una isla al frente del Estado. En ese sentido, no es posible que el rector y otras autoridades tengan la potestad de intervenir en el acceso a la educación superior eliminando carreras que consideran poca rentables. La universidad es el centro de formación para los profesionales que van a aportar y cambiar el país. Ya sea a través de la industria, la investigación, el comercio, el arte, o la formación ciudadana.
La SUNEDU no ha hecho nada por regular las CEPRE universitarias, establecer una proporción de vacantes o prohibir el cobro de exámenes de admisión y matrículas. Esta institución no ha logrado nada para detener la privatización de la universidad pública.
Por ese motivo, el Perú necesita una auténtica reforma universitaria que empiece por incluir a los jóvenes y familias del país. Son más de 8 millones 600 mil los jóvenes con proyectos de vida que se merecen un Perú con oportunidades. Un país que les garantice educación, seguridad, recuperación de nuestros recursos naturales e industrialización.
Así que, con base en todo lo mencionado anteriormente, Perú Libre propone la construcción de las «Universidades del Bicentenario». Empezando por la creación de una universidad por región y la mínima construcción de cuatro universidades en los conos de Lima.
La capital del país, que concentra la mayoría de jóvenes, tiene distritos que concentran más de 1 millón 800 mil ciudadanos como es el caso de San Juan de Lurigancho. Por eso, las Universidades del Bicentenario se deben construir en Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Lima y Callao.
Obligando a pagar impuestos a las instituciones educativas privadas y construyendo las Universidades del Bicentenario, los sueños y aspiraciones de nuestra juventud y sus familias se harán realidad con el ingreso libre y gratuito.
Para finalizar, quizá sea importante dar una mirada a las universidades de la región. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020), la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la mejor de América Latina. No por nada en Argentina se invierte el 6 % del PBI en educación. Además, por supuesto, del ingreso libre y gratuito a todas sus instituciones educativas.
Solo falta voluntad política para cambiar la Constitución y asignar el 10 % del PBI a la educación de nuestra juventud.
