La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó, mediante una conferencia de prensa, sobre la situación de derechos humanos en Perú en respuesta a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. Al respecto, este informe aborda la crisis social del Perú, observada por la CIDH durante su visita de trabajo realizada del 11 al 13 de enero de 2023; antepuesta, por una misión técnica que se llevó a cabo del 20 al 22 de diciembre de 2022.
Debido a la alta conflictividad social en el Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público reportaron 477 protestas, 912 heridos y 57 muertos, entre ellos 2 bebés, 8 adolescentes y un agente de la Policía Nacional del Perú quemado vivo. No obstante, se saludó a las instituciones públicas por su pronta actuación para restablecer el orden constitucional tras el golpe de Estado del entonces presidente de la República, Pedro Castillo.
Situación sobre los derechos humanos en el Perú
La Comisión señala que «la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, en particular en los escenarios donde intervinieron las fuerzas militares; viéndose reflejado en el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego».
Pese a que, existe evidencia sobre hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta, como ataques a infraestructura pública y medios de comunicación y quemas de instituciones públicas, el informe de la CIDH toma una posición muy critica dando a entender que las acciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden no guardan relación. De igual manera, no hace énfasis sobre que, de las 912 personas heridas, 580 eran miembros de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, «la CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas».
En este sentido, la CIDH omité que la creciente estigmatización y violencia fue provocada por la administración del gobierno de Pedro Castillo que generó reacciones violentas y odio contra las instituciones públicas; a esto se suma la información sobre personas que se infiltraron en las protestas, que fueron condenados por terrorismo, e incitaron a los ciudadanos a realizar actos de sabotaje contra el Estado.
La Comisión recomendó que «las quejas que dieron lugar a la protesta se trataran de conformidad con el Estado de Derecho y el debido proceso».
LEE TAMBIÉN: Alberto Otárola se pronuncia sobre la crisis migratoria: «Expulsaremos a los indocumentados del país»
Criticas sobre el informe de la CIDH
La Corte Interamericana es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana y la protección de los derechos humanos. Al respecto, los informes de la CIDH son desacreditados debido a que se encuentran plagados de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico.
En el caso de Perú, hubo un ligero sesgo en la recopilación de información. No mencionaron que parte del total de muertos se debió a que los manifestantes bloquearon las carreteras e imposibilitaron el ingreso de las ambulancias. Asimismo, no se recogieron los informes de algunos pobladores urbanos sobre su rechazo a los cierres de las carreteras; así como, los videos que mostraban a los manifestantes amenazar a los residentes para que salieran y protestaran contra el gobierno.
Por otro lado, la duración de la visita de trabajo de la CIDH fue insuficiente para recabar información y hacer un análisis crítico de los hechos en el país. Además, no se mencionan los acontecimientos que ocurrieron después de su visita, como el ahogamiento de seis soldados durante la persecución de los protestantes.
De igual manera, pese a la evidencia encontrada, se indicó que «se maneja la hipótesis que el policía murió por un golpe contundente y quemado posteriormente». Además, el informe evita vincular las acciones de las fuerzas del orden a razón de los actos de vandalismo; tampoco, incluye información de que los manifestantes usaron armas caseras para este fin.
