El día miércoles 17 de mayo de 2023, mediante los canales oficiales del Gobierno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional en medio del juicio político en su contra debido a presuntos casos de corrupción dentro de su administración. A pesar de ello, no existe parecido alguno con el Golpe de Estado ocurrido el 07 de diciembre del 2022 en nuestro país.
Bajo el marco jurídico, la decisión del presidente ecuatoriano es constitucional debido a que su Carta Magna lo faculta para disolver la Asamblea Nacional mediante el mecanismo la «muerte cruzada». Caso contrario, con el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo que actuó fuera del marco normativo establecido en la Constitución Política del Perú.
Comparativa entre Guillermo Lasso y Pedro Castillo
La Constitución Política del Perú establece, únicamente, según el artículo 134 que, «el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros». De manera autoritaria, sin respetar el marco normativo para disolver el Congreso, el 07 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo tomó la decisión de establecer un gobierno de excepción, mediante la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. Por encima de lo establecido en la Constitución Política, convocó a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, y de tal manera, rompiendo el orden constitucional, gobernaría mediante decretos ley.
El mecanismo de la «muerte cruzada» establecido en el artículo 148 de la Constitución Política de Ecuador indica que, «el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado a funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. También, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna». Sobre ello, el obstruccionismo parlamentario, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la desestabilización de la democracia, entre otros, fueron los argumentos del presidente Lasso para cerrar el Congreso señalado en el Decreto Ejecutivo N° 741.
LEE TAMBIÉN: Lilia Paredes: realizan audiencia de prisión preventiva
Disolver el Parlamento: ¿Bueno o malo?
Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo no es un acontecimiento exclusivo de nuestro país. La crisis política y social golpean gravemente a la región, siendo los ciudadanos los principales afectados. Podríamos mencionar el obstruccionismo parlamentario en el discurso de Lasso, al igual que Castillo; empero, no debemos ser ajenos a lo que está establecido en la normativa interna de cada país. Este acontecimiento debe analizarse objetivamente desde la Constitución Política de Ecuador o Perú. La disolución del Congreso ya sea en Perú o en Ecuador, o de un Gobierno de izquierda o derecha, demuestra la grave crisis política que atenta contra la democracia y el Estado de Derecho.
Según el derecho internacional, la Comunidad Internacional debe respetar la soberanía y el derecho interno de cada Estado. Al respecto, las facultades que tiene un presidente no serán las mismas que otros, pues la normativa interna de cada país es distinta. Por ende, cada mandatario deberá gobernar según las facultades que le otorga su Constitución. En el caso del expresidente Pedro Castillo, actuó por encima de sus facultades.
