La decisión del gobierno peruano de reducir la protección policial asignada a los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial. Mientras que algunas voces han expresado preocupación por las posibles implicaciones de esta medida en términos de seguridad para los magistrados que atienden casos relacionados con el crimen organizado, otras instancias defienden que esta determinación responde a criterios objetivos y a una evaluación rigurosa de los riesgos.
Alerta del presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN)
Durante la “Descargatón”, una jornada judicial extraordinaria realizada el viernes 17 de mayo, el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN), Octavio César Sahuanay, denunció que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha reducido sistemáticamente la seguridad de los jueces encargados de casos de organizaciones criminales. Sahuanay advirtió que la falta de protección pone en riesgo la integridad de los jueces y dificulta la lucha contra el crimen organizado. «Ya ningún juez quiere presentarse a esta corte», lamentó.
Según Sahuanay, actualmente solo dos o tres jueces cuentan con resguardo policial, y ni siquiera él, como titular de la corte, tiene protección. Esta situación ha generado temor entre los jueces, especialmente aquellos que juzgan a organizaciones criminales, ya que se sienten amenazados y desprotegidos.
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Llamado al Ministerio del Interior
Ante esta situación, Sahuanay hizo un llamado al Ministerio del Interior para que reevalúe estas medidas y brinde protección a aquellos jueces que realmente lo merecen por los casos complejos que enfrentan. El presidente de la CSN resaltó la importancia de proteger a los jueces que ven materia penal de trascendencia nacional e internacional, incluyendo organizaciones criminales como el «Tren de Aragua«.
Respuesta del ministro del Interior
Recientemente, el Ministro del Interior se pronunció sobre la decisión de reducir la protección policial asignada a jueces, congresistas y otras altas autoridades. Según el ministro, la asignación de seguridad está reglamentada y debe seguir lineamientos específicos y un marco jurídico.
Asimismo, afirmó que la seguridad se otorga en base a la necesidad y el riesgo evaluado, y que la situación del juez Sahuanay, quien previamente tenía seguridad por estar involucrado en procesos contra organizaciones criminales, está siendo reevaluada.
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Reunión con autoridades del Poder Judicial
Ante las denuncias de falta de seguridad, el ministro Santiváñez anunció que se gestionará una reunión con los magistrados del Poder Judicial para iniciar el procedimiento de restitución de su resguardo. Se evaluará la restitución de la seguridad policial a aquellos jueces que actualmente ejerzan nuevas posiciones y se considere necesario.
En última instancia, este debate pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de los jueces y la administración responsable de los recursos destinados a esta tarea, siempre velando por la independencia del Poder Judicial y su capacidad para enfrentar con firmeza el flagelo del crimen organizado.
