Mediante Resolución Suprema N ° 079-2023-PCM y con el objetivo de fortalecer el régimen democrático y el Estado de derecho del país, el Poder Ejecutivo conformó una comisión consultiva compuesta por abogados para asesorar a la administración de Dina Boluarte.
Dicha comisión tiene por objeto brindar asesoría especializada, principalmente en materia constitucional, a la Presidencia de la República, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta deberá ser instalada en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de mañana y contará con un periodo de vigencia de hasta 12 meses
Marco legal de la comisión
El día de hoy, el Poder Ejecutivo oficializó la creación de la comisión consultiva, de carácter ad honoren, mediante la Resolución Suprema N ° 079-2023-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta comisión está integrada por los constitucionalistas, Ernesto Álvarez Miranda, Ernesto Blume Fortini, Alberto Borea Odría, Jorge Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, Aníbal Quiroga León, José Luis Sardón de Taboada, Óscar Urviola Hani y Elizabeth Zea Marquina.
La Secretaría Técnica de la comisión consultiva estará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de su Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Asimismo, su marco constitutivo establece que la comisión puede proponer la incorporación de otros especialistas, así como recibir apoyo de las instituciones públicas o privadas.
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Datos adicionales
La Resolución Suprema lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero; y por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.
La conformación de esta comisión consultiva se produce luego de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluye que hubo graves violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno en el marco de las protestas contra la presidente Dina Boluarte y tras el golpe de estado de Pedro Castillo el 07 de diciembre.
