El Tribunal Constitucional (TC) del Perú emitió un fallo la tarde del martes 5 de diciembre ordenando la inmediata liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión desacata lo establecido en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una resolución de 2022, que exigía al Estado peruano abstenerse de aplicar el indulto humanitario.
En respuesta, el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, solicitó ese mismo día al gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ejecutar la excarcelación dispuesta por el TC hasta analizar a profundidad el fallo. Asimismo, legisladores opositores denunciaron constitucionalmente a los tres magistrados que votaron por la polémica liberación acusándolos de prevaricato.
Ricardo Pérez enfatizó que esta solicitud se realiza debido a la extrema gravedad y urgencia de la situación, con el propósito de evitar un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Según el comunicado, la Corte IDH considera necesario analizar si la decisión del Tribunal Constitucional cumple con las condiciones que el organismo internacional estableció en la resolución de 2022.
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas emitió un comunicado calificando la medida como un «preocupante retroceso para la rendición de cuentas». Afirman que “cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional”.
Cabe recordar que en el año 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto por razones humanitarias al encarcelado exmandatario de los años 90. Sin embargo, el Poder Judicial peruano anuló el indulto en 2018 en cumplimiento de la solicitud de la Corte internacional.
Denuncias constitucionales
Además, a nivel nacional, presentaron dos denuncias constitucionales en el Congreso. El parlamentario Jaime Quito argumenta que el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Fujimori no respeta una resolución vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acusa a los magistrados de cometer prevaricato. Además, Manuel Monteagudo y César Ochoa expresaron su malestar por no haber sido convocados al debate.
La congresista Ruth Luque presentó una denuncia contra los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez, quienes firmaron el auto de excarcelación. Ella alega que infringieron la Constitución al desconocer normas vinculadas a derechos humanos, acusándolos de prevaricato e instigación. Estas denuncias constitucionales buscan establecer responsabilidades legales sobre los miembros del Tribunal Constitucional debido a la polémica decisión.
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Fujimori es liberado
A pesar de la solicitud de la Corte IDH y otros organismos internacionales de frenar la excarcelación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre, esta no fue suficiente para impedir que se concrete. Según se informó, el gobierno de Dina Boluarte acataría la orden del Tribunal Constitucional. Pese a las críticas que surgieron por pasar por alto las consideraciones de instancias internacionales sobre derechos humanos. De esta forma, primó la decisión interna a favor de restituirle la libertad al expresidente, cerrando de esta manera el controversial caso.
Cerca de las 6:30 pm, Fujimori abandonó el penal entre un fuerte operativo policial y en medio de gritos de simpatizantes. Sus hijos Keiko y Kenji lo recibieron frente al centro penitenciario y posteriormente trasladado a la casa de su hija.
Con esta decisión, el exmandatario salió de la cárcel de Barbadillo a los 85 años. Ello luego de pasar 16 años recluido por la sentencia de 25 años referente a crímenes de lesa humanidad. Estos fueron cometidos durante su mandato entre 1990-2000, como los casos Barrios Altos y La Cantuta. Pese a las divisiones que genera su figura, ahora deberá enfrentar el proceso en libertad.
Aun con su salud deteriorada, se le vio emocionado de poder abrazar a sus hijos Keiko y Kenji nuevamente, así como a sus nietas.
Su excarcelación se dio cumpliendo la orden del máximo intérprete de la Constitución a nivel nacional. El cual reafirmó la validez del indulto humanitario otorgado en 2017 a pesar de los pedidos de la Corte IDH de no ejecutarla. Los seguidores del expresidente celebraron fuera de la casa familiar. Por su lado, Keiko y Kenji agradecieron la decisión del TC que hizo posible que su padre enfrente el proceso en libertad.
Sin embargo, su liberación también ha generado rechazo de parte de las víctimas de su régimen, de los organismos de derechos humanos y de la oposición política, quienes consideran que se trata de un acto de impunidad y de una vulneración del Estado de derecho.
