Sumergidos dentro de una ola de tensiones para que se nombre y reconozca al presidente electo de los comicios realizados el 6 de junio con total transparencia y rigurosidad desde los órganos electorales. Este último jueves, una gran plaza de políticos «correligionarios» de Fuerza Popular sostuvieron que el gobierno peruano debería recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de que «se conozca la verdad» frente a las presuntas irregularidades durante el proceso electoral. Uno de los hechos que, para ellos, motiva su exigencia es la declinación del ahora suspendido magistrado del JNE, Luis Arce Córdova.
¿Qué sostuvieron los presentes?
En la conferencia de prensa, el excongresista aprista Jorge del Castillo dijo que el objetivo es «buscar transparencia en nuestra elección». Además, hizo una comparación con el caso de las elecciones en el país altiplánico donde la OEA realizó una auditoría para las elecciones del 2019.
«Quiero leer unos puntos: parcialización de la autoridad electoral, detección de irregularidades graves, manipulación dolosa, alteraciones de actas, falsificación de firmas de miembros de mesa […]. Parece que estuviéramos leyendo lo del Perú y son las conclusiones del informe de la OEA en el caso boliviano. Es el espejo», aseguró.
Del Castillo estuvo acompañado de los congresistas electos Jorge Montoya de Renovación Popular, Adriana Tudela de Avanza País y Gladys Echaíz de Alianza Para el Progreso, quienes se sumaron a este pedido asegurando que se trata de una medida fundamental para aclarar las presuntas irregularidades en el proceso electoral último.
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Por último, los representantes de algunos partidos políticos indicaron que la verdad electoral debe predominar ante los formalismos de la ley para obtener resultados transparentes.
Otras menciones
Antes, en RPP, Lourdes Flores Nano requirió también la participación del organismo internacional. «¿Cuál es la salida? En mi concepto, solo queda una: que el presidente de la República solicite una auditoría internacional a la OEA y, como en caso boliviano, ese sea el conducto a través del cual se conozca la verdad. Creo que hay que tomar el precedente de Bolivia, creo que ese es el camino para reconducir las cosas», resaltó la abogada de Fuerza Popular.
¿El caso boliviano?
En las elecciones presidenciales del 2019, estuvieron en contienda el entonces presidente Evo Morales, que buscaba su cuarto mandato consecutivo, y el expresidente Carlos Mesa. El proceso electoral se llevó a cabo el 20 de octubre, pero dos días después el gobierno de Morales, a través de su Cancillería, invitó a la OEA para una auditoría.
Esto, en atención a un comunicado donde la propia misión de observación electoral del organismo había alertado sobre irregularidades en el conteo. «La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas», señalaba el pronunciamiento. Los observadores advertían que hubo una sospechosa pausa de 24 horas en la transmisión de los resultados electorales preliminares.
Además, remarcaron que, a las 19:40 p.m. del día de la elección, las cifras «indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión». «24 horas después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y generara la pérdida de confianza en el proceso electoral», sustentó la misión.
Cuando el cuestionado conteo llegó al 98%, Morales aseguró públicamente que había ganado en primera vuelta. Su contendiente Mesa calificó el proceso de ilegítimo y llamó a movilizaciones ciudadanas en contra de un fraude. Las protestas se sucedieron e intensificaron por más de dos semanas hasta la escalada que dio pie a la dimisión de Morales, la cual ha sido calificada como un autogolpe de Estado. La presidencia interina fue ocupada por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, el 12 de noviembre del 2019. Eventualmente, las elecciones fueron anuladas por el Parlamento.
En su informe final de auditoría, publicado a inicios de diciembre, la OEA concluyó y ratificó sus alertas sobre «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección». Según indicó, se comprobó una paralización intencional y arbitraria en la transmisión de resultados preliminares. Además, denunció otras irregularidades y actos negligentes que enturbiaron todo el proceso.
¿Esto es viable en Perú?
A diferencia de nuestro país vecino, el caso boliviano no se ajusta al contexto peruano y la OEA podría negarse a intervenir. En primer lugar, en contraste con Bolivia, la misión de observadores internacionales sostuvo hace unos días su total conformidad con el proceso electoral. Recordemos que en el país sudamericano se detectaron las irregularidades en su momento. Eso no pasó en Perú y, por lo tanto, es anticipado tomar como antecedente a Bolivia. En segundo lugar, si también tomamos en cuenta que Estados Unidos, un país que cuenta con una gran presencia en la OEA se ha pronunciado a través de un comunicado a favor de la transparencia de los comicios peruanos. Activar un procedimiento no sólo es contradecir a su misión de observadores, sino también, al país del norte que cuenta con una gran presencia dentro del sistema internacional.
Junto con lo anterior, Fernando Tuesta, politólogo y ex jefe de la ONPE, descartó la equiparación de un contexto electoral con el otro. «La OEA, efectivamente, ha tenido experiencias de auditoría en los últimos cinco años en diferentes países y para diferentes tipos de elección. En Bolivia, hubo con la elección presidencial del 2019, pero allí la función de la misión de la OEA fue el punto de partida para la auditoría. No el punto de llegada. Su misión cuestionó la elección boliviana. Este, el peruano, no es el caso».
La OEA difícilmente aceptaría
Uno de los alegatos de Fuerza Popular es que el proceso electoral ha quedado «deslegitimado» tras la salida de Luis Arce, el magistrado que representaba al Ministerio Público ante el JNE. En su carta de declinación, Arce sostenía, entre otras acusaciones, que en el tribunal hay «una clara parcialización».
Pese a ello, según especialistas en derecho internacional público y el sistema interamericano, la declinación de Arce no representaría un fundamento de peso para que se exija la auditoría a la OEA. Cabe recordar que la misión del organismo emitió un comunicado el mismo 24 de junio, donde califica de «insólita» la salida del magistrado en medio de procedimientos realizados «con apego a la ley y a los reglamentos vigentes». Además, tras la conferencia de aliados de Fuerza Popular, sostuvieron que siguen realizando seguimiento a las elecciones en segunda vuelta y que su labor continuará hasta que las autoridades proclamen los resultados oficiales.
Así, una auditoría sería justificable si la misión de la OEA en el Perú hubiera detectado irregularidades que hagan pensar en un fraude electoral o en una manipulación parcial de votos. Pese a ello, podría existir otra salida: nada impide que el gobierno tome la iniciativa de invitar a la OEA y que esta acepte, aunque solo por un gesto de correspondencia y no por necesidad. Es decir, por mera voluntad política, la organización podría aceptar, pero dependerá exclusivamente de ella y no tendría otra razón más que de corresponder a la invitación. Sin embargo, como la misión no detectó nada, en principio, no tendría por qué hacer auditoría.
Otros pronunciamientos internacionales
Como sostuvimos, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos informó el jueves, que sigue realizando seguimiento a las elecciones en segunda vuelta y que su labor continuará hasta que las autoridades proclamen los resultados oficiales.
Junto con lo anterior, en un mensaje más escueto del mismo jueves, la Unión Europea y sus estados miembros consideraron que el proceso electoral del 6 de junio «ha sido libre y democrático». La representación dijo confiar en las autoridades del sistema electoral «para la solución de los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos».
Por último, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció hace unos días en respaldo a los comicios. «Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19», expresó en un comunicado.
