Semana tras semana, se revelan nuevos actos de presunta corrupción que envuelven al mandatario Pedro Castillo y a miembros de su familia. El último fin de semana, su cuñada, Yenifer Paredes, fue sentenciada a 30 meses de prisión preventiva tras hallarse suficientes materiales probatorios en su contra. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, el caso de Paredes involucraría directamente al presidente Castillo, quien es sindicado de liderar una presunta organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno.
No obstante, lo más preocupante de esta situación no es el inmoral comportamiento de Pedro Castillo en relación a los indicios de corrupción que el Ministerio Público viene hallando en su contra. En cambio, sí lo es su constante desprecio por nuestra democracia. El autodenominado “gobierno del pueblo” parece creer que su sola elección ha sido suficiente como para «hacer y deshacer» todo en el país a su antojo. Sin embargo, se equivocan.
Desde la ciencia política, se establece que la democracia va mucho más allá del solo hecho de elegir a nuestros representantes a través de las urnas. El sistema democrático, en resumidas cuentas, supone además el respeto irrestricto por los poderes del Estado y sus instituciones; la promoción y la defensa de las libertades individuales y, sobre todo, la legitimidad en las decisiones de las autoridades.
Castillo golpea nuevamente la institucionalidad
El último fin de semana, la fiscal Marita Barreto reveló los presuntos planes del gobierno de Pedro Castillo para continuar obstaculizando a la justicia. Aseguró que, tras los últimos allanamientos y declaraciones de los colaboradores eficaces, el Ministerio Público ha tenido acceso a información relevante que ha permitido conocer nuevas estrategias del ejecutivo. La misma confirmaría presuntos planes del régimen de Castillo para desarticular los equipos fiscales que vienen persiguiendo sus delitos. Indicó que existen 3.
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«Plan Colchado»
En primer lugar, se encuentra el denominado “Plan Colchado”. De acuerdo a la fiscal Marita Barreto, aquel tiene la finalidad de destituir al Coronel Harvey Colchado, quien lideró el allanamiento al Palacio de Gobierno durante la detención de Yenifer Paredes. En tal sentido, se debe enfatizar en que los hechos corroboran lo manifestado por Barreto. La defensa legal de Pedro Castillo denunció al Coronel Colchado por supuestamente haber actuado de manera irregular durante los hechos suscitados en el Palacio de Gobierno el pasado 10 de agosto.
De esta forma, Castillo buscaría cortar la cabeza del equipo especial de la policía, el cual colabora con la Fiscalía. Asimismo, durante los últimos días, el gobierno decretó recientes cambios en la PNP. En los mismos, ha colocado a personas allegadas al presidente en puestos claves. Por ejemplo, designó a Segundo Mejía Montenegro como nuevo inspector de la Policía Nacional. Días después, se reveló que el señor es chotano y muy amigo de la familia de Pedro Castillo. Ahora, de acuerdo al reglamento, él será quien determine la permanencia de Colchado en el cargo.
«Plan Barreto»
En segundo lugar, se encuentra el denominado “Plan Barreto”. Según indica la fiscal, los planes de Castillo consistirían en amedrentarla para que desista en sus investigaciones fiscales en contra del mandatario y su entorno más cercano. Semanas atrás, la fiscal denunció ante la comisaría de su distrito un presunto reglaje. Relató la constante presencia de un dron dentro y a los alrededores de su vivienda. De esta forma, asegura, que el gobierno intenta hostigarla para que no continúe con sus indagaciones.
«Plan La Benavides»
Finalmente, el denominado “Plan La Benavides”, consiste en destituir y desprestigiar a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. De acuerdo a la versión de Barreto, este sería el principal objetivo del gobierno y sus aliados. Los ataques contra la fiscal no han cesado hasta el momento y han llegado desde todos los flancos.
Por un lado, desde el frente mediático, los medios de comunicación afines al gobierno de Castillo tendrían la orden de desprestigiar a la fiscal de la nación. Como se ha visto en las últimas semanas, algunos medios han pretendido relacionarla con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Según la fiscal Barreto, a través de estos intentos, el objetivo es deslegitimar sus investigaciones en beneficio del presidente Castillo. Por otro lado, desde el frente judicial, Barreto asegura que se busca remover a la fiscal Benavides e inhabilitarla de su cargo. En dicha línea, la bancada de Perú Libre ya presentó una denuncia constitucional en contra de ella por supuestamente haber incurrido en el delito de «abuso de autoridad». En consecuencia, esta acusación pasará a discutirse en la respectiva comisión. No obstante, el CAL y diversos constitucionalistas aseguran que dicha denuncia no tiene asidero alguno. La han rechazado.
