Al regresar de un viaje cansado del Reino de España, el ex congresista de la República, Fernando Olivera, fue arrestado por la División de Requisitoria de la Policía Nacional. Los sucesos se llevaron a cabo el pasado viernes 26 de enero del presente año.
En cuanto a su liberación, se dejó en claro que al haberse revisado las circunstancias de la situación y del caso, no existía fundamento alguno para mantenerlo bajo custodia. Detrás de la operación hubo un proceso por presunta difamación en contra del personaje público.
Operativo
El surgimiento detrás de la captura del político se dió tras el haber sido declarado reo contumaz. Esta confirmación se estableció tras la ausencia del ex candidato a la Presidencia de la República a la instalación de su juicio oral, llevado a cabo el 21 de diciembre del 2023. Esto se tradujo en una orden de captura que se hizo efectiva el pasado 27 de enero al retornar a territorio nacional. Tras su detención, Fernando participó virtualmente de la audiencia de instalación, la cual la lideró el juez Luis Talavera Herrera. Ello dentro del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Mariscal Nieto, de la Corte de Moquegua. Así, se vio anulada su condición de reo contumaz, siendo liberado posteriormente.
En cuanto a su apresamiento, comentó lo siguiente: “Sin haberme notificado debidamente, de pronto, me entero, al retornar de una operación de salud, a la vista, en el aeropuerto y me conducen acá, por difamación. Porque resulta que yo habría difamado a la gobernadora de Moquegua. Aquí se me quiere amordazar, sin respetar el legítimo derecho a la defensa”.
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Cargos
Si nos vamos al año 2022, Olivera realizó una declaración pública en la que afirmaba una acusación fuerte en contra de una gobernadora regional. Se trata de Gilia Gutiérrez, gobernadora de la región de Moquegua. Los presuntos delitos cometidos constaban de pertenecer a una organización delictiva, conspirando y actuando ante los intereses de nuestro ex presidente, Martín Vizcarra.
Por otro lado, existen otras investigaciones que el político enfrenta, siendo una importante relacionada con el gobierno de Alejandro Toledo. Más en específico de la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, en la cual se presume que tuvo participación. Asimismo, cuenta con acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias, en el marco del caso Lava Jato y la polémica empresa Odebrecht. Dentro de ello, presuntamente habría intervenido en la desestimación de observaciones en las valorizaciones del proyecto perteneciente a Genaro Matute. Esta persona ejercía de Contralor General de la República y el desestimar sus advertencias determinó gravemente en la firma de los contratos dados con la empresa brasileña. Cabe resaltar que todo esto se dio cuando Fernando era embajador de España, tratándose del año 2005.
