El 17 de agosto de 2022, José Gavidia Arrascue renunció al Ministerio de Defensa. Pero recién el 24 se oficializó la dimisión del contralmirante en retiro. Sorpresivamente, abandonó el cargo justo cuando la Fiscalía abrió una pesquisa contra su hija Verónica Gavidia Rodríguez por el delito contra la administración pública. Siendo investigado por el Ministerio Público, fungirá de representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), ente especializado de la Organización de Naciones Unidas. A pesar de sus cuestionamientos, recibirá beneficios diplomáticos y remuneraciones del Mindef.
Desde Londres (Inglaterra), velará por los intereses marítimos y portuarios nacionales e internacionales. Además, efectuará inversiones en beneficio de la integración nacional y de las exportaciones peruanas.
Críticas
Entre 2014 y 2016, cuando aún era militar, José Gavidia asumió ese mismo cargo. Por tal motivo, la congresista Patricia Chirinos criticó esta designación. Incluso solicitó que la Comisión de Defensa cite a Richard Tineo, flamante ministro de Defensa, por el reciente nombramiento de Gavidia. «Castillo pisoteó las normas peruanas. La designación de Gavidia es ilegal. Pues, según el Reglamento del Personal Militar de las FF.AA., no se puede nombrar en una misión diplomática a quien ya ha ocupado dicha función», reprendió.
Precisamente, José Williams Zapata – presidente de la Comisión de Defensa – calificó como premio consuelo el nombramiento de Gavidia. Porque «tendrá el estatus diplomático» y porque «recibirá un sueldo del gobierno peruano». «Significa la posibilidad de alquilar una casa, permanecer allá. Ya depende de cada organismo los privilegios que pueda tener», explicó.
Quien también amonestó la decisión de Pedro Castillo fue Pedro Cateriano, expremier en el Gobierno de Martín Vizcarra. «La designación (de Gavidia) es política. Porque es un oficial en retiro. (…) No es una designación ni propuesta institucional. Además, no ocupa un cargo por motivos de operatividad de la Marina. Es una designación política», opinó.
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Los cuestionamientos de Gavidia
Era 13 de marzo de 2022. José Gavidia Arrascue subió al Fokker de la Marina de Guerra. Ahí no estaban solamente funcionarios, sino también las hijas de Gavidia: dos menores de 11 y 15 años y Verónica Gavidia Rodríguez (31). El entonces ministro de Defensa habría utilizado un avión estatal para viajar con su familia durante una actividad no oficial a Huánuco. Por tal motivo, el Ministerio Público investiga a Gavidia por peculado de uso.
En su momento, sin embargo, rechazó categóricamente haber realizado un paseo familiar a Huánuco. «Me vi en la obligación de llevar a mis hijas, debido a que en la fecha tuve a mi cargo su cuidado, y a la vez debía cumplir mi labor como autoridad», se excusó.
«El ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Usó bienes públicos para una actividad no oficial sino, presuntamente, particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso. Y eso está tipificado como delito», apostilló el legislador Héctor Ventura.
Todo quedaría en la familia de Gavidia
Antes de la dimisión de José Gavidia, la congresista Vivian Olivos remitió un oficio a la Contraloría para que se investigue a Verónica Gavidia, hija del contralmirante en retiro. Pues el último 15 de junio fue contratada en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad estatal dependiente del Midagri.
Sin embargo, se habría cometido el delito contra la administración pública porque, siendo primogénita de José Gavidia, estaría impedida de laborar en instituciones estatales. Por tal motivo, la Fiscalía inició una investigación contra Verónica Gavidia por infringir el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, Olivos solicitó a la Contraloría la inspección en la contratación de María Valdivieso Arrascue, esposa de José Gavidia, en el Ministerio de Producción, pues obtuvo una orden de servicio en el Viceministerio de Pesca y Acuicultura de ese sector. María Valdivieso recibió 24 mil soles por brindar asistencia legal para casos de denuncia penal en delitos contra el medio ambiente. «Podría tratarse de un delito o infracción administrativa», refirió Olivos.
