El magistrado Espinosa-Saldaña pidió al Congreso que acelere la respuesta de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo sobre la ley que regula la cuestión de confianza. Si bien el plazo legal es de 30 días, dicho magistrado opina que la relevancia social amerita un poco de apresuramiento. El Congreso todavía no da respuesta a ello, pero muchos esperan que tengan discrecionalidad en casos como el presente.
Sobre la demanda de inconstitucionalidad
El Poder Ejecutivo presentó la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 31355. El Ministro de Justicia, Aníbal Torres, se ha pronunciado reiteradas veces sobre ello. Él indicó que la decisión es inconstitucional y que además todos aquellos congresistas que votaron a favor de esta ley incurren en responsabilidad constitucional.
En este sentido, si se quería limitar los supuestos sobre la cuestión de confianza, debía limitarse la causal de vacancia presidencial para que se cumpla con el principio de «balances y contrapesos». De esta manera, el día 28 de octubre, el Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad. Cabe acotar que la mera admisión de una demanda responde a cuestiones formales, por lo que no implica un pronunciamiento sobre el fondo. El pedido del procurador público del Poder Ejecutivo es que se declare la inconstitucionalidad total de la ley por razones de forma y fondo.
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Pronunciamiento de Espinosa-Saldaña
El Tribunal Constitucional indicó en la resolución el plazo que tiene el Congreso para contestar la demanda: 30 días. No obstante, el ponente de la demanda, el magistrado Espinosa-Saldaña, realizó un llamado al Congreso para su celeridad en la contestación.
La ley le da un plazo muy grande al Congreso, tomando en cuenta la importancia social de ciertos temas. Son 30 días hábiles…Lo que nosotros queremos es lo que todas las veces quiere el TC: resolver problemas importantes para la sociedad.
Declaración en radio nacional del perú
En el pasado, el mismo magistrado ha expresado su preocupación por la cantidad de días que la ley otorga para contestar la demanda. Como cuando ocurrió la demanda competencial sobre la vacancia presidencial del ex presidente Vizcarra. Indicó así que, si bien la ley otorga un gran margen de días para responder la demanda, sería importante que en temas de gran trascendencia social prime la celeridad.
