Las graves controversias alrededor de los “elegidos” del Presidente Castillo para desempeñar altos cargos, han generado temor y desconfianza. El poder legislativo busca con insistencia fiscalizar las decisiones más trascendentales del presidente.
La comisión inter partidaria canalizaría la preocupación ciudadana frente a los serios cuestionamientos que caracterizan a quiénes conforman el Poder Ejecutivo. Vínculos con organizaciones terroristas, antecedentes de lavado de activos, nula experiencia en gestión pública e incluso acusaciones por delitos como estafa y lesiones, se han hecho lugar en el gabinete ministerial más mediocre de nuestra historia como República. El objetivo del congreso sería evaluar la aptitud de aquellos personajes que ocupan puestos de confianza.
Sobre la propuesta
La bancada de Alianza para el Progreso presentó la moción bajo la iniciativa de Lady Camones, primera vicepresidente del congreso. Camones, Héctor Acuña, Heidy Juárez, Ideolso García, Elva Julon, Eduardo Salhuana y Alejandro Soto firmaron la propuesta.
“Conformar una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar exhaustivamente las designaciones y nombramientos de los funcionarios realizados a partir del 29 de julio 2021, en todas las instancias del Poder Ejecutivo, para evaluar la coherencia y pertinencia con el cargo, conflicto de intereses y la posible infracción a la normatividad actual, por un plazo de 60 días calendario”
Expediente de la moción de orden del día 0040
Desde el jueves 2 de septiembre, el congreso debate una posible aprobación, la cual determinaría la creación de un equipo de investigación conformado por miembros de distintas bancadas. Esta estrategia permitiría una incidencia mayor de la voz de oposición en el cuestionable rumbo del gobierno castillista. Las preocupaciones que figuran en el expediente abarcan materia económica, sanitaria y de seguridad nacional.
La devaluación del sol y su incidencia en la economía familiar, el alza del desempleo que hacia el mes de agosto aumentó en un 88% en comparación al 2020 (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la precaria aptitud profesional y los cuestionables antecedentes personales del equipo ministerial resaltan como las principales preocupaciones.
La jugada del legislativo: ¿Confianza entre comillas?
Esta no sería la única movida de la opositora del congreso para seguir de cerca los pasos del oficialismo y sus aliados. Guido Bellido (Presidente del Consejo de Ministros) y Juan Cadillo (Ministro de Educación) serían citados al Pleno del Congreso. Renovación Popular presentó una moción para citar a Bellido, a fin de que detalle su versión respecto a las investigaciones que tiene abiertas por delitos terroristas. En tanto, Alianza por el progreso busca conocer a profundidad la estrategia de Cadillo para garantizar el regreso pronto a clases.
El congreso otorgó la confianza al gabinete, decisión rechazada por gran parte de la población. Sin embargo, los siguientes pasos del legislativo plantean la posibilidad de que la determinación correspondía a la búsqueda del equilibro entre poderes. Según Lady Camones (APP), quien encabeza la propuesta de la comisión fiscalizadora, “si le negábamos la confianza, nos iban a poner un gabinete peor”. La parlamentaria de la agrupación que le dio el “si” a Bellido planteó la necesidad de que el congreso tome acciones “más estratégicas”.
Pese a ello, la oposición aún no presenta liderazgos ni posiciones colectivas sólidas, verdadera garantía para tal efecto. Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular mantienen posturas firmes contra la agenda de Perú Libre. Acción Popular, Podemos Perú, Alianza por el progreso y Somos Perú-Partido Morado, muestran posiciones divididas frente al gobierno. Así, la preservación del orden democrático requiere promover la participación ciudadana en contra de las irregularidades y el proyecto totalitario del ideario “del lápiz”. Con una actitud del congreso aún incierta, las movilizaciones deben desprenderse de las banderas políticas.
