La empresa familiar de María Antonieta Alva Luperdi, ministra de Economía y Finanzas, contrató con el Estado mediante el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura (Minagri). Cabe detallar que, La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado impide en su totalidad que ministros en función y sus familiares efectúen acuerdos en el Estado peruano.
La Ley en mención fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicada en “Diario El Peruano” el 13 de marzo de 2019.
Diario El Gobierno accedió al artículo 11 de la Ley de Contrataciones, el cual establece que la empresa en mención estaría impedida de contratar con el Estado debido al vinculo con la titular de Economía.
«Los cónyuges, convivientes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los altos funcionarios comprendidos en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley -tales como los Congresistas de la República- se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, en todo proceso de compras públicas que convoque cualquier Entidad, a nivel nacional», se detalló en la vigente normativa.
Cronología del caso
El 3 de octubre de 2019, Alva Luperdi fue designada como nueva ministra de Economía en el Perú.
El 27 de noviembre de 2019, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura (Minagri), fue gestionado por el ministro Jorge Montenegro, el cual otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergia, para que brinde servicios de consultoría. El monto del contrato fue por S/ 1 557 000.
Cabe destacar que, Hidroenergía Consultantes en Ingeniería es una de las dos empresas que integra el consorcio ganador; además, es una compañía de responsabilidad limitada que tiene como accionistas a Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la titular de Economía y Finanzas del Perú. Ambos familiares están impedidos de ejecutar contratos con el Estado.
El contrato tiene como objeto la consultoría en la elaboración de estudio de reinversión a nivel de perfil: creación del servicio de agua para riego en la cuenca del rio Sañu, distritos de Coporaque y Suyckutambo, Espinar, Cusco.
Manifestación de tribunal fiscalizador
Mónica Yaya Luyo, expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OCSE) comentó al respecto. “Hay una falta administrativa que determina la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio y esto lo tenía que haber hecho el OCSE, sin que haya una denuncia pública porque esa es su función”, enfatizó.
“Se deberá iniciar una investigación a nivel fiscal, porque al declarar que no había impedimento, se ha incurrido en el delito de falsa declaración en el proceso administrativo que tiene una pena privativa de la libertad hasta de 4 años”. agregó.
