El pasado domingo 21 de enero del presente año, estalló un escándalo dentro del Ejército del Perú, con protagonismo del Comandante General, César Briceño Valdivia. El funcionario fue responsable de una operación ascendente a los 27 millones de dólares que se encuentra bajo permanente revisión. Se percibieron una serie de irregularidades que ponen en duda la honestidad dentro del proceso.
Adquisiciones
De acuerdo con reportes periodísticos, la compra fue programada para agosto del año 2023. Recordemos que la compra consistía en unos 10.000 ejemplares armamentísticos procedentes de Israel, en específico el modelo ARAD 7. Con el fin de llevar a cabo esta operación, el Ejército del Perú se unió con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME), entidad que se encuentra adscrita a las Fuerzas Armadas.
Ambos participaron de un contrato que no debía realizarse por medio suyo, sino mediante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). El repentino cambio en los métodos de compras lo solicitó el mismo Ejército, y el Ministerio de Defensa lo aceptó sin reparo alguno. Lo sospechoso es que Briceño Valdivia lideraba la FAME en esos momentos, si se tiene en consideración que la modificación causó que la FAME efectúe el contrato.
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Especificaciones
Las 10.000 armas eran fusiles israelíes ARAD 7 de calibre 7.62 x 51 mm, que deben de seguir un proceso adecuado de ensamblado. En cuanto al costo, el monto final que figura en el contrato consiste en unos 27 millones de dólares, que en soles serían más de 103.000.000, una cifra astronómica. Sin embargo, se detectó que este enorme gasto ni siquiera paso por una licitación ni concurso de precios, incluso sin haberse probado por las Fuerzas Armadas antes de la compra. Esto significa que no hubo algún control de calidad en territorio peruano, sino en la misma compañía de procedencia, llamada Israel Weapon Industries (IWI).
La Contraloría realizó un informe al respecto, donde se enfatizó en la garantía técnica, cuyo periodo de tiempo establecido como requerimiento es de 12 años. Pese a esta información, la Contraloría General de la República detalló que el acuerdo entre el Ejército y la FAME consistía en apenas 2 años de garantía técnica. Según el organismo, se señaló que la “situación no permitiría que los bienes adquiridos cuenten con un mayor periodo de cobertura ante desperfectos o fallas de origen”. La consecuencia es que el Ejército tendría una garantía de 20.000 disparos cuando debería ser de 120.000, la sexta parte de la cantidad estándar.
