Hace cinco años, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales presentaban un panorama muy familiar. Cerca de 40,000 votos de diferencia fueron los que le dieron el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski, con quien —después de menos de dos años de gobierno— se iniciaría una inestabilidad política aún vigente. Muestra de ello fue el paso de cuatro mandatarios en un solo periodo presidencial, abultado suceso que estuvo anexo a crisis económicas y sociales.
Entre algunas reflexiones sobre nuestra historia constitucional y las actuales reformas de la Carta Magna, Diario El Gobierno conversó con Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres.
Designación del procurador público
Según Diario Oficial El Peruano, el pasado 09 de Junio, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Luis Valdez Farías de Alianza para el Progreso (APP), aprobó (con 14 votos a favor y cuatro abstenciones) el dictamen que faculta al Parlamento Nacional de elegir al procurador general del Estado, otorgándole así autonomía jurídica. Respecto de la reforma constitucional, Álvarez Miranda planteó algunas perspectivas.
«El nombramiento del procurador estatal por parte del Ejecutivo es inadecuado, porque es el poder con mayor corrupción, mayor incentivo y mayor presupuesto. El Poder Ejecutivo, es el órgano autónomo que tiene la posibilidad de manipular los recursos del Estado, de la mano con los recursos del país, a diferencia del Congreso, aunque este último ha sido muy desprestigiado, porque no está integrado con las personas más adecuadas y porque ha sido golpeado por interés político», estimó.
Limitación de poderes
En otro momento, el constitucionalista se refirió a la limitación de poderes y el accionar del Parlamento Nacional en los últimos años.
«Recordemos como ha sido golpeada nuestra limitación de poderes en los últimos cinco años. A pesar de todo, el Congreso de la República no maneja el presupuesto del país, pero lo aprueba, sí. Por ello, no está mal que el Poder Legislativo designe al procurador del Estado. Además, el Congreso es la expresión de las opiniones y las perspectivas políticas más importantes del país», manifestó.
«Por lo tanto, la elección del procurador público, bien puede realizase por la mitad más uno (mayoría absoluta) del número total de miembros del parlamento. Establecer un límite, para que ese procurador no responda a los intereses de una bancada, sino también responda a los interés de la mayoría simple del Congreso», agregó el expresidente del TC .
¿Por qué es importante la cuestión de confianza?
Álvarez Miranda indicó que «en esta temporada, se sometieron a debate varias reformas constitucionales», destacando entre las más importantes, la cuestión de confianza y describiéndola como una figura bastante inestable actualmente.
«Si algún presidente de la República quiere actuar de forma arbitraria, puede presentar una cuestión de confianza cada semana, con cada proyecto de ley que le presenta al Congreso (…) Podría ser que el presidente no quiera que se toque ninguna letra de su proyecto», puntualizó.
Junto con ello, aseguró que «de tal forma, el Congreso no podría negarle la aprobación. A la segunda confianza denegada, el Jefe de Estado disuelve el Congreso. No tiene que estar establecida en la letra de la Constitución para que un juez constitucional o el Tribunal Constitucional declare que esa actitud es inconstitucional porque rompe el equilibrio de poderes, rompe un principio democrático que es contenido esencial de la Constitución», suscribió.
«Confrontar esta inestabilidad»
En otro momento, detalló la importancia de confrontar esta inestabilidad antes de la llegada de un nuevo gobierno. «Este es el momento preciso para limitar la cuestión de confianza y así no tener un dictador en Palacio de Gobierno. Es el momento para quitarle poder al presidente de la República, porque, como hemos visto, quiere aprovechar de forma arbitraria el poder que tiene. Ese es el peligro real. Si es apresurado o no, se mejorara después.
En ese sentido, agregó: «el problema principal discierne sobre la posibilidad de que el nuevo inquilino de palacio de gobierno quiera y pueda gobernar de forma autoritaria».
Disolución del Congreso: ¿constitucional o inconstitucional?
Respecto a la disolución del Congreso en el gobierno del exmandatario Martín Vizcarra, Álvarez Mirando explicó que el acontecimiento del pasado 30 de septiembre del 2019, tras una cuestión de confianza denegada, «fue perfectamente inconstitucional, una infracción a la constitución».
Asimismo, dijo que para interpretar normas constitucionales no basta con la literalidad, hay que interpretar de manera sistemática como un todo y en concordancia con los valores y principios democráticos. «Uno de los principios esenciales es la separación de poderes, reivindicando que no es necesario que esté escrito con letra blanco y negro en nuestra Carta Magna», adjudicó.
Elección de los magistrados del TC
Álvarez Miranda señaló que el jefe de Estado «puede no hacer cuestión de Estado sobre la manera en que el Congreso va a cumplir una atribución propia que la Constitución le da al Parlamento».
«Como es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El TC varió la disolución cuando los mismos magistrados fueron elegidos por invitación y no por concurso. Así, también podemos seguir hablando de varios errores graves que tuvo el ex presidente de la República Martin Vizcarra, como disolver el Congreso sin acordarlo con el Consejo de Ministros, atribución que no esta consagrada en nuestra Constitución», recalcó.
Figura del jefe de Gobierno
Otro punto fundamental es la figura que representa el jefe de Gobierno. Al respecto, el constitucionalista indicó que el presidente puede indultar, pero con la firma de sus ministros. «Ellos actúan con límites respecto a las decisiones y voluntad del mandatario. Además, se debe encorsetar convenientemente la figura del Presidente de la República»
Además, comentó que «quien entre a Palacio de Gobierno no debe imponer sus ideologías, sin llegar a ni un acuerdo; sino, realizar verdadera política.» Dialogando, negociando y llegando a acuerdos para que las líneas fundamentales de un Gobierno que afectan a todos los ciudadanos puedan ser fruto de la concertación, unión y varias perspectivas políticas, no lo del ganador».
«Debemos tener en cuenta que es fundamental no solo limitar la literalidad de la Constitución, sino que también la cuestión de confianza, porque ya sabemos que es diferente al voto de confianza. El voto de confianza y el voto de censura tienen como equilibrio la posibilidad de la disolución parlamentaria», arguyó.
Retorno a la bicameralidad
El exmagistrado se mostró totalmente a favor de la reforma, ya que constituye un control interno a la cámara de diputados. «Es necesario reconocer los deseos y necesidades del pueblo, comenzando por los distritos mas pequeños. Frente a ello, la cámara de diputados se debe elegir en distritos uninominales (electores que eligen un solo diputado).
«En cualquier presidencialismo, el senado es el más importante, pues —al ser elegido en un distrito electoral único— solo acceden a él aquellas personas que tienen más trayectoria política , más expertise y más reconocimiento a nivel nacional, respetando la regla electoral que necesita mayoría regional, por ello tienen una visión nacional (…)», resaltó.
Senado y cámara de diputados
Álvarez Miranda enfatizó que «mientras el Senado consiste en un grupo pequeño con más trayectoria política, el diputado tiene una visión mas inmediatista, coyuntural, porque, como son una sola cámara diputados, exoneran la regla interna de la doble lectura que el mismo reglamento del Congreso aprueba , violando un principio democrático de la doble lectura, de necesaria reflexión. Tal como muchas veces lo ha señalado el TC, aprueban leyes populistas, sin que una comisión ordinaria lo haya debatido, discutido y aprobado en dictamen de mayoría», afirmó.
Para complementar su argumento, atribuyó lo siguiente: «La finalidad es que el congresista este en contacto con el pueblo y que tenga solo dos años y medio de mandato. Como en Estados Unidos, los representantes tienen dos años de mandato, de tal forma que tan pronto son elegidos tienen que comenzar una nueva campaña electoral».
También enfatizó que «la ley obliga a que el representante este siempre vinculado a sus electores, pues estos son fácilmente reconocibles debido a que pertenecen a distritos electorales pequeños. Para equilibrar el poder político es necesario un Senado que legitime el Poder Legislativo. El Senado es la cámara más importante en un presidencialismo, eso es teoría política».
«Una nueva Asamblea Constituyente «
El constitucionalista comentó que realizar una Asamblea Constituyente en estas condiciones es inadecuada. «La idea original era que un 50 % sea elegido como representación popular a través de agrupaciones políticas para que postulen candidatos, y el otro 50 % proveniente de organizaciones populares».
«Así, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señala a sus diligentes. Asimismo, los sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) , la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), eligen sus delegados», agregó.
Para complementarla, insistió en lo siguiente:
«Es decir, no hay elecciones (…) En los pueblos indígenas obviamente no van a haber elecciones, puesto que son comunidades que están en lugares apartados de la nación. En ese caso sería decisión de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), una organización de diligentes políticos que entre ellos no hacen elecciones. Por lo tanto, dejar en representación de organizaciones políticas, sindicales y empresariales van a hacer diligentes. Aquello, en un país como el nuestro, es una tragedia».
«No los representa la CONFIEP
Álvarez Miranda mostró su desaprobación respecto a la representación que existirá en la Asamblea Constituyente: «El 75 % de la población tiene actividad económica informal. A todos los emprendedores peruanos, como los negociantes de Gamarra, no los representa la CONFIEP. La inmensa minera informal, fuera del marco establecido por la ley, no lo representa la SNMPE; es decir, las organizaciones sindicales y empresariales poderosas irán a la Asamblea Constituyente a defender intereses opuestos», argumentó.
En esa situación, detalló que «esa Constitución va a hacer perfectamente inadecuada e incoherente con la realidad del país, divorciada de los interés de la inmensa mayoría de los peruanos que necesita reformas. Yo soy el primero en proponer reformas, comenzando por la parte orgánica y en los derechos fundamentales. Esas reformas tienes que ser conversadas, dialogadas y consensuadas con la participación de la Academia, con criterio político y técnico».
Demanda fundada de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón
Respecto a la demanda fundada de habeas corpus a favor del secretario general de Perú Libre, Álvarez comentó lo siguiente: «El habeas corpus puede corregir la arbitrariedad, cualquier violación al debido proceso. También es cierto que carece de motivación suficiente, no existe ningún estándar establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es más, se valoran temas de fondo de manera muy superficial», aseguró.
«El juez del Habeas Corpus no sustituye al juez penal, lo único que evalúa es si han violado derechos fundamentales. No evalúa ni pondera pruebas de naturaleza penal ni hace un examen exhaustivo de aquellos elementos que han sido motivo del proceso penal. Por lo tanto, procede la apelación, y procede que el mismo Poder Judicial, a través de los mecanismos que ya están establecidos, corrija al juez Alain Salas Cornejo«, instó.
Llamada de Sagasti al escritor Vargas Llosa
Álvarez Miranda también se manifestó sobre las recientes llamadas del presidente Francisco Sagasti y el novelista Mario Vargas Llosa: «La motivación a que Fujimori Higuchi acepte las elecciones y no cause más problemas, es una infracción constitucional. Eso sería salir de la esfera de atribuciones del Jefe de Estado para involucrarse en el resultado de las elecciones generales convocadas. Esa acción, rompe y quiebra los principios constitucionales de imparcialidad a los que esta obligado el Jefe de Estado», mencionó.
«La versión del presidente pecaría de inocencia. Una inocencia inexcusable en un político de toda la vida. Sagasti fue dirigente estudiantil, dirigente de izquierdas radicales. Él no puede cometer ese tipo de errores garrafales siendo político de toda la vida. Toledo y Ollanta Humala podrían hacerlo, pero un político con tanta experiencia como Sagasti no puede cometer ese error severo, inexcusable», aclaró.
Accionar de Sagasti, ONPE y JNE
Al finalizar, el constitucionalista se refirió al rol que deberá cumplir el jefe de Estado, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. «Lo que tiene que hacer Francisco Sagasti y todos los que forman parte de su Gobierno, al igual que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es guardar la debida imparcialidad. La decisión se va a demorar, porque los órganos electorales tienen que resolver muchas impugnaciones exactas, intentos de fraude en mesa, irregularidades».
«La autoridad electoral tiene que tomarse su tiempo, con tranquilidad, sin presiones, sin altercado, sin manifestaciones y sin marchas. Tiene que hacer su rol. Obviamente entre la ONPE y el JNE pueden tener su corazoncito de izquierda o su corazoncito de derecha, pero cuando uno es autoridad tiene que aplicar la ley electoral, por encima de su propio corazón», concluyó.
