Dina Boluarte se salvó de la vacancia, luego de que el Pleno del Congreso no dieran respaldo a las mociones de vacancia, presentados por el caso de los relojes Rolex.
El Pleno del Congreso desestimó las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, en relación con el caso de los lujosos relojes Rolex, cuya procedencia sigue siendo un misterio.
Las agrupaciones políticas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y otros no agrupados, incluido Edward Málaga, unieron fuerzas para evitar que la mandataria fuera convocada al Parlamento para explicar este controvertido asunto.
Por otro lado, las mociones de destitución recibieron el respaldo de agrupaciones como Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y algunos disidentes de otras bancadas como Flor Pablo, Carlos Anderson y Jaime Quito.
Dina Boluarte y los intentos de vacancia
Este no es el primer intento de destitución contra Boluarte Zegarra; de hecho, es la quinta vez que enfrenta una moción de vacancia. Las anteriores se relacionaban con cuestiones como las muertes en protestas y sus viajes al extranjero, pero las últimas dos están vinculadas al escándalo de los relojes Rolex.
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Caso Rolex sin esclarecerse
En una entrevista reciente al primer ministro Gustavo Adrianzén, sugirió una posible conexión entre el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y los regalos de relojes Rolex a la jefa de Estado. Aunque el premier no descartó esta posibilidad, afirmó que ni la presidenta le comentó al respecto ni él mismo preguntó sobre el hecho.
En cuanto a las investigaciones en curso, Boluarte optó por no hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado, Mateo Castañeda. Por otro lado, Oscorima se presentó ante la Fiscalía para testificar, acompañado de su abogado Humberto Abanto, quien también defiende a otros políticos en casos judiciales.
Premier minimiza acusaciones
Asimismo, el premier Adrianzén también minimizó las acusaciones de desbalance patrimonial contra Boluarte, destacando una verificación previa de la Contraloría General que no encontró irregularidades.
Además, defendió la asignación de fondos al Gobierno Regional de Ayacucho, argumentando que fue una medida tomada meses atrás y no debe interpretarse como un acto de favoritismo.
