A pedido del Equipo Especial de Fiscales, el juez Víctor Zúñiga Urday llevó a cabo el operativo ‘Valkiria II’ para detener preliminarmente a seis presuntos integrantes del denominado «Gabinete en la Sombra»: Salatiel Marrufo Alcántara, Eder Vitón Burga, Auner Vásquez Cabrera, Beder Camacho Gadea, Abel Cabrera Fernández y Biberto Castillo León.
Ellos formarían parte del mencionado grupo delictivo qué lideraría el presidente de la República, Pedro Castillo. Dicha organización habría copado las instituciones públicas, con la finalidad de generar activos ilegales. Además, habrían captado a congresistas mediante entregas de direcciones y ministerios a cambio emitir votos favorables para el gobierno del profesor. Asimismo, los recientes detenidos fueron acusados de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible, así como de encubrimiento personal y organización criminal.
El historial del denominado «Gabinete en la Sombra»
Todo comenzó en la segunda vuelta presidencial de 2021. En la Acusación 307/2021-2026, la fiscal Patricia Benavides Vargas indicó que el entonces docente cajamarquino Pedro Castillo habría recibido financiamientos o colaboraciones de personas que luego formarían parte del «Gabinete en la Sombra». Cuando asumió el poder, según el documento fiscal, los aportantes de la campaña de Castillo habrían participado en nombramientos de ministros y altos funcionarios, con la finalidad de «planificar y desarrollar el programa criminal».
La primera operación del «Gabinete en la Sombra» consistió en captar dinero desconocido para financiar la campaña de Castillo, con la promesa de que recibirían un poder político cuando ganara el profesor oriundo de Chota, Cajamarca. Entonces, cuando asumió la Presidencia, coparon las instituciones públicas para generar activos ilegales.
Además, realizaron actos colusorios en contrataciones públicas en las que Geiner Alvarado tuvo un rol importante, porque el último 22 de octubre firmó el conocido Decreto de Urgencia 102-2021. Con dicha normativa, los gobiernos locales pueden utilizar el dinero público para efectuar obras en distritos o comunidades necesitadas. Sin embargo, este dispositivo legal benefició a algunos poblados de Cajamarca, entre ellos estuvo Anguía.
También el «Gabinete en la Sombra» captó a legisladores por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso. Incluso establecieron redes de protección y encubrimiento.
Sin embargo, Pedro Castillo siempre negó rotundamente la existencia de un «Gabinete en la Sombra«. En señal abierta, declaró: «Rechazo categóricamente. No existe ni existirá un «Gabinete en la Sombra». […] Lamento que a las personas que se les muestra la confianza y cuando ya no están en el entorno del Gobierno salgan a decir lo contrario y no hayan tenido la valentía de conversar cuando hemos estado en Palacio».
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Estructura del Gabinete en la Sombra
El Gabinete en la Sombra, según el documento fiscal de Patricia Benavides, forma parte de los brazos de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. Dicha red estaba conformada por personas que no ostentaban cargos públicos ni en ministerios ni en empresas estatales, salvo José Medina Guerrero, quien fungía de burgomaestre en Anguía desde febrero de 2019.
Aún así, influían sobre el jefe de Estado. Incluso «tomaban decisiones en el Ministerio de Vivienda y PetroPerú, tanto para copar con personal de confianza como para controlar las contrataciones». De esa manera, direccionaban obras a empresas de representantes que también integraban la organización criminal, o «estaban vinculadas a esta o actuaban de fachada, para obtener ventajas económicas ilícitas».
Trece personas formarían parte del «Gabinete en la Sombra». Alejandro Sánchez Sánchez, Jenil Cabrera Fernández y José Medina Guerrero habrían fungido de financistas y coordinadores. Asimismo, Salatiel Marrufo Alcantara, Auger Augusto Vasquez Cabrera, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez se habrían desempeñado como coordinadores. Finalmente, los operadores serían Beder Ramón Camacho Gadea, Biberto Benerando Castillo León, Eder Vitón Burga, Henry Augusto Shimabukuro Guevara y David Perez Curi.
Desaparición
Según la estructura del «Gabinete en la Sombra», Alejandro Sánchez Sánchez — dueño de la casa de Sarratea — sería financista y coordinador de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Además, se le inculpó de recibir más de medio millón de soles de la empresa de José Fernández Inga, quien ganó S/ 3′228,158 en contrataciones con el Gobierno del cuestionado Castillo.
Sin embargo, cuando representantes de la Fiscalía y Diviac acudieron a su vivienda, no encontraron a Alejandro Sánchez. Mediante el Oficio 168-2022, Henry Villanueva Rojas — fiscal adjunto provincial — comunicó a Julio Mariño Ripa — jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol — la desaparición del presunto integrante del «Gabinete en la Sombra».
