El viernes 20 de Octubre el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó un proyecto que modifica sustancialmente muchos aspectos del funcionamiento de la institución.
Esto ha generado gran indignación por parte de sus opositores, los cuales afirman que esta medida sirve únicamente para ganar poder y enquistarse. El líder de la Defensoría del Pueblo buscó apoyo de parte de la bancada de Perú Libre mediante Waldemar Cerrón.
Modificaciones
La propuesta modifica el artículo 7 de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece que los adjuntos son elegidos mediante concurso público. En cambio, lo que Gutiérrez busca es que estos puedan ser elegidos por la autoridad misma mediante decreto.
En adición, este trata de ampliar más el poder del titular al solicitar que este pueda establecer oficinas o módulos de la entidad a lo largo del país. Ello dependiendo de la lejanía o conflicto existente en lugares que se estimen necesarios, con jefes que también elegiría.
Por otro lado, también se afectarían planteamientos con respecto a su situación en caso sea impedido o cesado de su cargo. Ante ello, propone que: “este deberá designar entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos, hasta que asuma el cargo un sucesor seleccionado por el Congreso”.
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Críticas
La justificación para estos cambios es la mejora en atención para las interrogantes, quejas o pedidos a nivel nacional, fortaleciendo este servicio. Según fuentes provenientes del Poder Legislativo, el Defensor del Pueblo habría pedido apoyo a Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Resulta curioso si tomamos en cuenta que fue este quien propuso a Josúe Gutiérrez para ocupar dicha ocupación.
Frente a la polémica propuesta, la ex presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, declaró lo siguiente: “Socava la autonomía, imparcialidad y meritocracia de la Defensoría”. Además, opinó que las designaciones por decisión propia del Defensor politizaría el cargo y anularía todo rastro de meritocracia institucional.
Agregó que el cambio en la designación en caso de cese o impedimento de cargo tiene interés propio pues el Congreso necesitaría de un consenso para nombrar a un sucesor. Para finalizar, dejó el siguiente comentario: “Él pretende que nadie le obligue a renunciar en tanto no haya jurado al cargo otro Defensor del Pueblo. Me parece un proyecto temerario y totalmente desatinado que atenta contra la institucionalidad, la meritocracia y la imparcialidad que una institución de rango constitucional merece”.
