En Chile, el pasado 25 de octubre se aprobó la redacción de una nueva Constitución. El pacto social aún vigente fue aprobado en 1980, durante la dictadura del general Augusto Pinochet y fue ratificado a través de un referéndum el mismo año. La variación de la carta constitucional se da tras delincuenciales manifestaciones y un peculiar «estallido social», donde literalmente estallaron buses, trenes, tiendas y estaciones, quedando estas parcial o totalmente destruidas.
Ante ello, como no podía dejar de ser, los políticos peruanos, siempre aspirando a ser chilenos y olvidándose de nuestra situación, saludaron el resultado a favor del ‘Apruebo’. Entre la extrema izquierda y el «centro republicano», de Veronika Mendoza a Julio Guzmán, todos celebraban la caída de la carta fundamental chilena, la misma que llevó al país del sur a crecer sosteniblemente, reducir la desigualdad y tener los mejores índices de la OCDE en cuanto a movilidad social.
A puertas de unas reñidas elecciones, ¿será «¡Una nueva Constitución!» el lema de diversas campañas? Sin duda alguna. Pero nacen cuestionamientos: quiénes lo presentarán y repetirán hasta el delirio y en qué fundamentarán su solicitud.
Por lo pronto, sabemos que la izquierda seguirá dicho eslógan con devoción. Radicales como los integrantes de Unión por el Perú, también. La sorpresa es el Partido Morado, el cual, a través de Julio Guzmán, congratuló la decisión y no descartó que lo mismo pueda pasar en nuestro país. «Chile despertó. Es un ejercicio democrático ejemplar: la ciudadanía peleó y votó para cambiar la Constitución. El Perú está a puertas de una elección y el Partido Morado liderará a una plataforma reformista para generar un cambio de verdad», señalaba el líder morado.
Por su lado, Mendoza, quien busca ser la máxima representación de la desunida izquierda, agradecía a los chilenos por demostrar que «sí se puede» lograr «un nuevo pacto social sobre la base de la soberanía, igualdad y solidaridad». Digamos que busca una constitución como la del ’79, los resultados ya los conocemos.
Años atrás, con Rosa María Palacios, la dirigente socialista propalaba los argumentos por los cuales considera que la constitución nacida en el régimen fujimorista debe ser cambiada. Entre ellos, aseguró que la Carta de 1993 no garantiza la educación ni la salud. «La actual Constitución dice que en cuanto a salud y educación el estado debe garantizar la libertad de la gente para que pueda escoger dónde educa a sus hijos o dónde se atienden. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Estado debería garantizar el acceso a salud y educación sí o sí», manifestó.
Con lo señalado por la también excongresista, quedaba claro que uno de los fundamentos de la izquierda era simplemente la repetición de una falsa interpretación de lo establecido en la Carta Magna, que no han leído la misma o que no conocen las cifras reales. Los números nos dicen que la salud es administrada en más del 90 % por el Estado; la educación, en cerca del 71 %. Por lo mencionado hemos de entender que el Estado ha venido garantizando los servicios en cuestión.
Ya a 6 meses de las elecciones, veremos en la mesa propuestas en pro de un «estallido social» peruano, que tenga como consecuencia una nueva constitución. El populismo tornado en demagogia conquistará los corazones de millones, quienes podrían encontrar, en las mentiras, fundamentos.
Un cambio de reglas a última hora y frente a las dolencias de un país expuesto por completo al COVID-19 solo podría empeorar el panorama. Sin embargo, sabemos que, en la política o mejor dicho, para los políticos, prima recibir un voto antes que trabajar a favor del país. El electorado cumplirá un rol fundamental, su criterio y conocimiento sobre la realidad nacional, también.
