El escenario vial de Lima se encuentra en medio de una controversia de proporciones significativas entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima. El anuncio de aumento la tarifa del peaje de Puente Piedra ha desencadenado un debate legal y contractual que se remonta a la firma del contrato de concesión en 2013 durante la gestión de la ex-alcaldesa de la ML, Susana Villarán [gestión de enero de 2011 a diciembre de 2014].
Aumento del peaje a S/. 7.50 en Peaje Chillón: Consideraciones contractuales sólidas, pero falta de legitimidad
El anuncio de Rutas de Lima del aumento de peajes ha vuelto a resaltar la complejidad de las relaciones en la gobernabilidad de la capital. La Municipalidad de Lima, en calidad de concedente, y Rutas de Lima, como concesionario, se encuentran en un punto bajo. Durante la gestión de Villarán, la ML firmó el contrato, estableciendo su posición como concedente en un acuerdo a largo plazo de 30 años. Ahora bien, RL justifica cada aumento de la tarifa del peaje basándose en una fórmula contractual que contempla la aplicación de la inflación acumulada de Lima Metropolitana. Sobre esto, ambas partes lo habrían acordado en el contrato.
Mencionado ello, el último ajuste en las tarifas de peajes se remonta a febrero de 2022, considerando la inflación del año 2021. Sin embargo, la aplicación del ajuste correspondiente al período 2022-2023 se ha postergado, generando un impacto financiero evidente para el concesionario. El aplazamiento del aumento ha llegado a su fin, y RL ha establecido que ejecutaría el aumento a partir del 30 de enero de 2024. Es importante destacar que no se trata de una medida unilateral, sino que se alinea con lo negociado y acordado por ambas partes involucradas. Lo cuestionable en este contexto no es el fundamento del aumento tarifario en sí. Sino lo es la legitimidad de la totalidad del contrato debido al ya destapado caso de corrupción Odebrecht-Villarán.
En este contexto, Ives Becerra, Director Legal de RL, abordó el tema en una entrevista para Canal N, respondiendo a las críticas del actual Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Este último habría alegado sobre la posición de socio estratégico que Odebrecht aún mantiene en el contrato. Resaltó que el contrato de concesión establece condiciones que limitan el cambio de socio estratégico hasta la culminación de todas las obras pendientes. RL ha invertido más de S/2.200 millones en el proyecto. Además, la empresa sostiene que, hasta la fecha, no ha distribuido dividendos a sus accionistas debido a restricciones contractuales. Asimismo, enfatiza que la liberación predial vial, una responsabilidad clave para la continuación de las obras, recae en la ML, que aún no ha cumplido con su parte según lo estipulado en el contrato. RL está a la espera de las liberaciones de vías para avanzar en las construcciones pendientes.
LEE TAMBIÉN: Nicanor Boluarte: Ministerio Público inició investigación por tráfico de influencias
Mientras tanto, ¿Rutas de Lima desafía al PJ?: Continúa cobro a pesar de medida cautelar
La disputa legal entre la ML y RL ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente medida cautelar del Poder Judicial. Esta orden, emitida por el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de Lima, instruye a RL a suspender temporalmente el cobro de peajes en Puente Piedra. La medida cautelar fue solicitada por la Asociación Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra dirigida a Lima y a la concesionaria. El propósito de esta medida, según el PJ, es salvaguardar los derechos y garantías de los ciudadanos en medio del complejo conflicto contractual.
La medida afecta directamente las operaciones de RL en un tramo vital de la Panamericana Norte. Además, añade la designación de un veedor para supervisar el cumplimiento del mandato judicial y destaca el rol de que deberá asumir la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar el cumplimiento de la suspensión del cobro de peajes, generando tensiones adicionales en esta ya compleja situación.
La respuesta de RL no se hizo esperar. La empresa emitió un comunicado rechazando la medida y argumentando que atenta contra sus derechos conforme al contrato de concesión suscrito. La empresa ha declarado que no acatará la medida hasta que no sea notificada formalmente, por lo que continúa el cobro de peajes mientras tanto. No obstante ello, RL se ha comprometido a acatar la medida cautelar en caso de recibir la notificación correspondiente, pero advierte que luego hará valer sus derechos en instancias legales, por contrato, únicamente instancias arbitrales. Destacan que los juzgados comerciales carecen de competencia para pronunciarse sobre la validez del contrato, insistiendo en que solo un tribunal arbitral puede resolver tales controversias. La resistencia, se fundamenta, además, en un atentado contra el principio constitucional de protección de los contratos (Art. 62 Constitución).
En resumen, la controversia entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, relacionado con el aumento de tarifas de peajes, revela una compleja disputa legal y contractual, agravada por alegaciones de corrupción. La reciente medida cautelar del Poder Judicial intensifica la tensión, mientras Rutas de Lima continúa, por ahora, el cobro de peajes, desafiando la orden por falta de notificación formal. El desenlace de esta controversia está pendiente, pero, a primera vista, los verdaderos perdedores son los limeños.
