En condición de indocumentados, varias personas originarias de Colombia, Venezuela y Haití están varadas en el cruce entre Tacna y Arica. «Las medidas implementadas para reforzar el control frente a la crisis migratoria en las fronteras del Perú están enmarcadas en el derecho internacional humanitario y acuerdos bilaterales de los cuales formamos parte», mencionó la Cancillería del Perú.
La frontera de Perú y Chile es epicentro de una nueva crisis migratoria en la región. Como resultado, la administración de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia autorizando la movilización de la policía nacional y las fuerzas armadas a la región fronteriza para restringir el tránsito y la movilidad.
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Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo establecido en el artículo 41.b de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece los «Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas».
Al respecto, al declarar en estado de emergencia las fronteras peruanas, la jefa de Estado afirmó que su principal prioridad es «mantener el orden interno» y restringir la llegada de migrantes; pues, la violencia en el país ha aumentado en relación con actos delictivos cometidos por criminales extranjeros. Con las medidas adoptadas por los gobiernos de Perú y Chile, están evadiendo sus responsabilidades compartidas como Estados, y la necesidad de cooperar y dialogar para defender y proteger los derechos humanos de todos los migrantes. Como resultado, los migrantes se enfrentan al duro clima del desierto de Atacama, uno de los más secos de la Tierra, con días extremadamente calurosos y noches frías.
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Tensiones diplomáticas ante la crisis migratoria
La crisis migratoria no debería afectar las relaciones diplomáticas entre países vecinos; al contrario, obliga a cooperar activamente entre las partes. Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, arremetió contra el presidente Gabriel Boric cuando le atribuyó de «tirar su problema con la migración a otro país».
Por su parte, la Cancillería de Chile citó al embajador de Perú, Fernando Rojas, y la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, para hacer frente a la falta de colaboración en esta materia. De igual manera, rechazaron las declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Guisa, contra el presidente Boric.