En medio de la crisis social y política que afronta el país desde la asunción de Dina Boluarte a la presidencia de la República, la Sala Permanente de la Corte Suprema ratificó los 18 meses de prisión ordenada por el juez Juan Carlos Checkley en contra del vacado Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La decisión se sustentó bajo el argumento de que el entonces mandatario Castillo ordenó en su último mensaje a la Nación el alzamiento en armas contra el orden constitucional y contra los poderes del Estado y órganos autónomos. Antes del fallo, presentó un recurso para llevar su proceso en libertad. Sin embargo, con la reciente confirmación, seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo.
¿Venganza política?
El último 28 de diciembre, un día antes de la ratificación de la Sala Permanente, el expresidente Castillo aseveró que nunca cometió los delitos de rebelión y conspiración. A través de una misiva escrita desde Barbadillo, reprendió al Gobierno de Boluarte por las 28 muertes ocasionadas a consecuencia de la represión policial y militar.
En la carta también comentó que el Parlamento maquinó la caída de su gestión a través de pedidos de vacancia y mociones de censura. Asimismo, exigió a los jueces supremos que reflexionen sobre su «injusta prisión preventiva».
«Todo este proceso es parte de una venganza política que se orquestó por la colisión de intereses de grupos de poder económico y mediático», indicó.
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Aprueban denuncia contra Pedro Castillo
Con 16 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación en contra de Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La anuencia del Legislativo también acusó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
El 11 de octubre de 2022, cuando ya se oficializó la denuncia constitucional, Patricia Benavides puntualizó que, desde el Ejecutivo, se orquestó una red con la cual se habrían beneficiado económicamente con nombramientos en puestos claves y con cobro de porcentajes de las licitaciones.
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La nueva defensa de Pedro Castillo
De nuevo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió al expresidente de la República. Un día antes de la ratificación de la Sala Permanente, arguyó que Castillo es un jefe de Estado que está detenido sin una sentencia de juez penal y sin poder ejercer su cargo. La semana pasada había manifestado que las dificultades del Congreso en contra de Castillo impedían la articulación y la integración económica de América Latina y del área andina.
Sin embargo, el parlamentario no agrupado Edward Málaga criticó al mandatario Petro. Indicó que aboga por un personaje corrupto y autoritario que orquestó un golpe de Estado. Asimismo, dejó en claro que Petro desconoce el panorama que vivió el país cuando su defendido tenía el mando.
