La situación del mandatario se torna complicada. La Sala Penal de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó la defensa legal de Pedro Castillo.
El jefe de Estado había solicitado la exclusión de la pesquisa iniciada en su contra por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Sin embargo, el órgano jurisdiccional rechazó dicho pedido con el argumento de que un presidente puede ser investigado durante sus funciones.
Además, hicieron hincapié en que el presidente solo tiene prerrogativa de antejuicio o acusación constitucional y aforamiento. Incluso recordaron a la Comisión Permanente que pueden inculpar al jefe de Estado ante el Congreso por infracción a la Constitución y que el Parlamento puede dictar una resolución acusatoria para que la Fiscalía de la Nación formalice una delación ante la Corte Suprema.
Inmediatamente después de la denegación, Benji Espinoza —abogado del mandatario— comentó que se abrirá el camino de la justicia constitucional y que el caso de Pedro Castillo llegará hasta el Tribunal Constitucional.
Asimismo, el letrado alegó que únicamente el jefe de Estado debe ser investigado por cuatro causales establecidas en el artículo 117 de la Carta Magna: traición a la patria, impedimento de elecciones y del funcionamiento de los órganos electorales, así como la disolución arbitraria del Legislativo. Pero el Ministerio Público señaló al docente cajamarquino como líder de una red criminal enquistada en el Ejecutivo para promover licitaciones públicas de manera irregular.
La Corte Suprema y el artículo 117
En el Recurso de Apelación 131-2022, la Corte Suprema argumentó que el artículo 117 de la Constitución limita el procedimiento de acusación constitucional por determinados hechos constitucionalmente relevantes. Además, precisaron que dicha cláusula se debe interpretar en armonía con los artículos 99 y 100 de la Carta Magna.
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Un rechazo más
El último 7 de noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó de nuevo un recurso de apelación a favor del cuestionadísimo Pedro Castillo. El jefe de Estado quería anular la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado.
Dicha negación se debió a que el juez Juan Carlos Checkley puntualizó que no tenía facultades para declarar la nulidad al pedido del mandatario. Asimismo, comentó que los órganos competentes del Congreso debían evaluar la solicitud del docente cajamarquino.
