El último 25 de febrero, a través de la Resolución Suprema 42-2022, la abogada María Caruajulca Quispe asumió la Procuraduría General del Estado tras la salida de Daniel Soria Luján, quien fue destituido por denunciar a Pedro Castillo Terrones. Precisamente el presidente y Ángel Yldefonso Narro — entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos — dieron el visto bueno a la designación de Caruajulca.
Pero la Contraloría encontró una situación adversa en el proceso de nombramiento de la hoy procuradora general del Estado. En el informe 13-2022, el organismo de control reveló que no solicitaron la declaración jurada de María Caruajulca cuando postulaba al cargo que ocupa desde el segundo mes del presente año. Tanto el MINJUS como la Procuraduría incumplieron los requisitos establecidos en los numerales 7 y 8 del Decreto Legislativo 1326.
En la manifestación legal, la abogada Caruajulca debió declarar si tenía procesos pendientes con el Estado. Incluso debió señalar que no «está incursa en alguno de los supuestos descritos en el artículo 31.2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326». La Contraloría se refiere a las faltas a la idoneidad en la defensa jurídica. Uno de los puntos del artículo 31.2 es la omisión de actos procesales en perjuicio de los intereses del Estado. Al no presentar la declaración jurada, la designación de María Caruajulca implicaría una posible irregularidad, pues no asignó que se encuentra comprendida en denuncias que ahora son «evaluadas por órganos dependientes de su despacho». Esta situación, según la Contraloría, origina el riesgo de afectación al principio de justicia y equidad.
Denuncias
El 17 de enero de 2018, Gloriosa Huaranga Tineo denunció a María Caruajulca Quispe, entonces exprocuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por dejar vencer el plazo de la carpeta fiscal 1230-2017. Según la denunciante, la hoy procuradora general del Estado no ratificó la delación interpuesta contra presuntos traficantes de terrenos. Fue entonces cuando habría cometido una irregularidad. Porque incurrió en una «falta de impulso y seguimiento a la denuncia». Incluso «no interpuso acciones legales».
En esa gestión de María Caruajulca, según la Contraloría, se habrían cometido irregularidades que ahora investiga la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional. Pero dicho despacho depende administrativa y funcionalmente de la Procuraduría General del Estado, el ente rector que dirige Caruajulca desde febrero de 2022. «La pesquisa podría afectarse al no actuar bajo el principio de justicia y equidad, vulnerando el numeral 7 del artículo 6 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética. Además, podría generarse el riesgo de incurrir en la prohibición de mantener intereses en conflicto», argumentó el organismo de control en el informe.
Ocho meses después, exactamente el 19 de setiembre de 2018, María Caruajulca afrontaría otra denuncia. Esta vez sería por presentar fuera de plazo la apelación contra sentencia de fecha 28/08/2018 en el expediente N° 00948-2015-0-0901-JR-LA-01. Para ese entonces ya fungía de procuradora en la Municipalidad de Comas.
John Giraldo Alvarez volvió a denunciar a María Caruajulca en el 2021. La segunda delación interpuesta fue porque la hoy procuradora general del Estado no impugnó dos resoluciones expedidas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.
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Memorando
Jorge Llamoctanta Trejo, jefe del Órgano de Control Institucional, comunicó al ministro Felix Chero Medina la existencia de situaciones adversas en la designación de María Caruajulca Quispe. Además, a través del memorando 385-2022, exhortó a que aplicara el Plan de Acción en un plazo de 10 días hábiles, para adoptar oportunamente acciones preventivas y correctivas. Pues la irregularidad hallada en el nombramiento de Caruajulca podría afectar la «continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso».
