La disputa entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria Rutas de Lima (RL) ha entrado en una nueva fase de complejidades legales. La reciente decisión del Séptimo Juzgado Civil, que ordenó la suspensión del cobro de peajes, marcó un hito que ha añadido más aspectos a considerar en la controversia. La presentación de una denuncia penal contra RL por entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y una denuncia administrativa contra la Procuradora Pública ad hoc para el Caso Lava Jato son solo la punta del iceberg.
La denuncia penal contra RL por entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos
La denuncia penal presentada por la Procuraduría de la Municipalidad de Lima contra RL surgió a raíz de las acciones tomadas por la concesionaria después de acatar la medida cautelar emitida por el Séptimo Juzgado Civil, que ordenó la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra. La MML denunció penalmente a la concesionaria por la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, basándose en la obstrucción del libre tránsito como consecuencia del bloqueo arbitrario de vías que tomó unilateralmente la concesionaria.
El martes 31 de enero, se experimentó una significativa congestión vehicular en el peaje de Chillón, resultado de la decisión de RL cerrar el acceso al primer conjunto de garitas, compuesto por cinco carriles, con el fin de evitar un cuello de botella en el punto donde diez carriles se reducen a dos. Esta medida provocó una congestión adicional en la etapa previa, donde únicamente dos carriles permitían el tránsito hacia la segunda etapa del peaje. Horas después, el Juzgado especializado Civil de Puente Piedra intervino, ordenando la retirada de las barreras, acción que fue ejecutada por la PNP para mitigar el caos vehicular.
La MML condenó la medida como «repudiable e irresponsable». Por su parte, RL ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, argumentando que actuaron conforme al mandato judicial y que el caos vehicular fue resultado de la abrupta implementación de la medida. Asimismo, señalaron que en caso de ocurrir algún accidente de tránsito, la responsabilidad recaerá en la MML por el retiro de las medidas de seguridad.
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La alegación de «hostigamiento» es más relevante de lo que aparenta
RL expresó su enérgico rechazo ante las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien públicamente instó a diversas asociaciones a inundar el PJ con recursos legales. En un comunicado oficial, la concesionaria consideró estas palabras como un acto contrario a los principios fundamentales de un Estado de Derecho y como una clara muestra de hostilidad en su contra. Además, resaltaron la gravedad de que una autoridad política en funciones promueva la saturación de los servicios judiciales, en un intento por desconocer un contrato de concesión avalado por dos laudos internacionales y medidas cautelares emitidas por el PJ.
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El alcalde justificó su acción argumentando la lesión de derechos fundamentales debido al alto costo del peaje de Chillón, buscando ejercer presión legal mediante la presentación masiva de recursos. Sin embargo, esto no es correcto, ya que si la MML identifica comportamientos irregulares u obstaculización de la libertad de tránsito, incluso tras la suspensión del cobro de peajes, está facultada para informar al Ministerio Público sin impedimentos.
En ese sentido, el constitucionalista Luis Roel, en una entrevista para RPP, expresó su preocupación por el continuo choque entre el alcalde de Lima y RL, temiendo que esto pueda proporcionar argumentos para alegar «hostigamiento» en las instancias a las que acuda la concesionaria. Roel resaltó la importancia de permitir y promover que el PJ opere de manera independiente y autónoma, especialmente en casos como la medida cautelar que busca declarar nulo un contrato debido a presuntos actos de corrupción. Destacó la relevancia de esperar la apelación de RL y que sea la Sala Superior quien decida sobre el caso, ya que esto podría sentar un precedente para futuros casos de peajes con presunciones de corrupción.
El pedido de destitución de la Procuradora ad hoc del Caso Lava Jato
La MML ha solicitado la destitución de la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, argumentando que no ha actuado con diligencia en establecer la responsabilidad de RL en casos de corrupción. Carrión, en respuesta a estas acusaciones, durante una entrevista para RPP, explicó que la solicitud de medidas cautelares judiciales respecto a los peajes de RL es inviable debido a la existencia de la Ley 30737, promulgada en 2018. Esta ley establece determinados mecanismos de aseguramiento para las empresas implicadas en casos de corrupción, limitando la aplicación de medidas judiciales cautelares adicionales.
Carrión sostiene que RL está amparada por esta ley argumentando que no se pueden aplicar dobles medidas. Además, resalta ya la existencia de fideicomisos controlados para garantizar una futura reparación civil. Ante la polémica generada, la Procuraduría ad hoc reiteró su compromiso de velar por los intereses del Estado y los ciudadanos, destacando su actuación técnica y apartada de consideraciones políticas.
Fuente: La República
El análisis de la situación revela un enfoque diferenciado del alcalde hacia RL en comparación con otras concesiones de peajes, a pesar de que el caso Villarán involucra tanto a Rutas de Lima como a Línea Expresa -anteriormente Línea Amarilla-. Ambas han sido incorporadas por la Procuraduría del caso Lava Jato como terceros civilmente responsables para futuros pagos de reparación civil. A pesar de esto, López Aliaga centra su atención principalmente a RL, mientras que otros peajes también enfrentan cuestionamientos por tarifas elevadas.
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Se avecinan luces: Las investigaciones fiscales sí revelarían actos de corrupción
Según lo afirmado por Silvana Carrión en una entrevista, las investigaciones fiscales revelan la presencia de corrupción en diversos aspectos relacionados con el establecimiento de tarifas y la fórmula de ajuste. Estos actos ilícitos abarcan desde la adjudicación de contratos hasta la ejecución de los mismos, evidenciados por la inclusión de adendas que modificaron las condiciones y el equilibrio económico de las concesiones en beneficio de las empresas concesionarias, Rutas de Lima y Línea Expresa.
En medio de la tormentosa crisis de peajes en Lima, es crucial reconocer que el problema va más allá de Chillón. Las recientes revelaciones sobre posibles actos de corrupción advierten que este es solo el principio. Mientras las investigaciones fiscales continúen arrojando luz sobre estas presuntas irregularidades, es imperativo que se adopte una mirada amplia y se aborde de manera integral la problemática que involucra a todos los peruanos.
