En una controversial decisión que ha desatado reacciones adversas en diversos sectores, el Congreso de la República del Perú decidió poner en la mira a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El pasado 7 de septiembre, los congresistas aprobaron por mayoría una moción para investigar a los siete miembros de este órgano autónomo, a quienes acusan de haber incurrido en supuestas faltas graves durante su gestión. La iniciativa fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos, del partido Avanza País, quien acusa a la JNJ de utilizar sus competencias como una «herramienta política». La Comisión de Justicia y Derechos Humanos tendrá ahora 14 días para realizar la investigación preliminar.
De comprobarse irregularidades, el Pleno del Congreso podría decidir la destitución de los integrantes de la JNJ, el órgano autónomo encargado de nombrar, evaluar y destituir jueces y fiscales en el país.
La medida ha sido rechazada por la propia JNJ, que la considera una amenaza al orden constitucional y a la separación de poderes. También ha generado críticas de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el sistema de la ONU en el país.
La moción para investigar a la JNJ fue aprobada con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. Los congresistas argumentaron que el organismo habría incurrido en diversas faltas graves.
Entre los cuestionamientos están que la JNJ habría ejercido presión sobre jueces supremos para favorecer a la fiscal Zoraida Ávalos, destituida por el Congreso; que permitió que una integrante, María Zavala, excediera el límite de edad; y que filtró información confidencial a la prensa.
La JNJ rechazó tajantemente estas imputaciones a través de un comunicado. Asimismo, recordó que la eventual destitución de sus miembros sin fundamentos claros ni debido proceso vulneraría el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho.
Otros organismos como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la oficina de la ONU en Perú también expresaron su preocupación por la medida. Consideran que se debe respetar la institucionalidad democrática y no utilizar mecanismos arbitrarios contra entes autónomos.
La Comisión de Justicia del Congreso deberá investigar el caso en un plazo no mayor a 14 días. Luego, emitirá un informe que podría recomendar la destitución de los miembros de la JNJ ante el Pleno del Parlamento.
Posturas encontradas sobre la investigación
La investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y organismos autónomos del Estado peruano.
Expertos advierten que la destitución de la JNJ tendría graves consecuencias para la institucionalidad democrática, al afectar la separación de poderes y la autonomía del sistema de justicia.
Por su parte, la ONU ha expresado su preocupación y señalado que “la separación de poderes es un principio fundamental para la democracia plena” y que “la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país”.
En respuesta, el congresista Muñante defendió, en la red social X, la facultad del Congreso para investigar y remover a miembros de la JNJ, apelando a artículos de la Constitución que así lo permitirían.
Mientras el desenlace de este nuevo episodio de enfrentamiento entre poderes permanece incierto, diversos actores nacionales e internacionales han hecho un llamado al diálogo y al respeto irrestricto de las instituciones y la Constitución. La Comisión de Justicia del Congreso tendrá ahora la responsabilidad de conducir una investigación justa y apegada al debido proceso, sea cual sea el resultado.
