El 10 de mayo de 2024, con 89 votos a favor y 15 en contra, el Congreso peruano aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 6084, titulado «Ley que optimiza la democracia representativa y establece medidas de lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas», que establece medidas para evitar la disolución, clausura o suspensión de los partidos políticos que incurran en delitos.
Una iniciativa de Waldemar Cerrón
El polémico proyecto de ley N° 6084/2023, impulsado por el congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre, busca eximir a los partidos políticos de sanciones penales y embargos, incluso si sus miembros o fundadores están siendo investigados o condenados por delitos dolosos. Cerrón argumentó que su objetivo es evitar la criminalización de los partidos y proteger sus bienes y activos. Sin embargo, diversas agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular están actualmente bajo investigación fiscal por presuntos delitos que incluyen lavado de activos y falsificación de firmas. Por tanto, esta ley podría beneficiarlos ante tales acusaciones.
LEE TAMBIÉN: Congreso conformará subcomisión para evaluar propuesta del nuevo contralor general
Cabe destacar que, en la votación del Congreso, la única bancada que se opuso completamente fue Cambio Democrático-Juntos por el Perú, mientras que Fuerza Popular lideró el apoyo, seguida de Perú Libre y Alianza para el Progreso, exhibiendo una clara división partidista donde la mayoría respaldó la iniciativa.
Modificación de la Ley 30424:
El proyecto de ley modifica el artículo 105 del Código Penal, que establecía medidas como la clausura de locales, la disolución de la organización y la suspensión de actividades para los partidos políticos que cometieran delitos. Con la modificación, se establece que un juez no podrá aplicar estas medidas a un partido político. En su lugar, las sanciones se ajustarán a la Ley de Organizaciones Políticas, que contempla multas administrativas.
El Congreso también modificó el artículo 5 de la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.
Reacciones y críticas sobre la ley:
El abogado penalista Antonio Maldonado expresó su preocupación ante la aprobación de esta ley, considerándola un retroceso en la lucha contra la impunidad. Maldonado señaló que la ley actual establece que los partidos políticos son sujetos de la acción penal y criticó que una ley no pueda decirle a un juez cómo calificar una conducta como delito. Por otro lado, el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui señaló que las organizaciones políticas no pueden convertirse en mecanismos de impunidad y que se debe proteger el régimen democrático.
Este cambio legislativo surge en un contexto donde el Congreso también ha aprobado otras iniciativas, como la que permite nombrar como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los candidatos que obtuvieron una calificación menor de la requerida para ser suplente en dicha institución. En definitiva, estas controvertidas reformas legislativas parecen priorizarse sobre las medidas tradicionales de lucha contra la corrupción.
