Un proyecto de ley inacabado se encuentra en las comisiones de Constitución y Reglamento, y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso desde el 24 de agosto de 2022. La iniciativa legislativa fue presentada el 19 de ese mes por Isabel Cortez Aguirrre. La funcionaria pretende modificar el capítulo I y el título III de la Constitución Política y proponer el sistema económico peruano. La propuesta tiene el respaldo de los parlamentarios de su bancada Cambio Democrático- Juntos por el Perú: Sigrid Bazán Narro, Ruth Luque Ibarra, Edgard Reymundo Mercado y Roberto Sánchez Palomino (también ministro de Comercio Exterior y Turismo).
La congresista Isabel Cortez presentó el proyecto de Ley 2861 por necesidad de agentes económicos (trabajadores, consumidores). «En los 90, en el marco de una constituyente cuestionada, se volvió inevitable un régimen económico para garantizar la estabilidad del gobierno. Ahora, sin embargo, se percibe como arbitrario. El orden se está mostrando contrario ante la población», argumentó en el documento.
Según la parlamentaria Cortez, el actual régimen económico no concuerda con la tesitura peruana. Además, arguyó que el sistema económico debe responder a las expectativas del pueblo. «En la Constitución del 93 el sistema económico justificó su legitimidad por el clima inestable que vivía el país. (…) Pero, al no existir relación entre crecimiento económico y desarrollo humano de las familias, las cifras macroeconómicas no tienen un efecto en la situación económica de las familias», precisó.
Los cuestionamientos de la congresista
La legisladora Isabel Cortez cuestionó que la iniciativa privada es libre. En el documento presentado citó a Vladimir Rodríguez Cairo, magíster en Economía, para criticar ese pensamiento: «Es el derecho fundamental de toda persona natural o jurídica a participar, en forma individual o asociada, en la vida económica del país. Esto implica que toda persona jurídica o natural tiene derecho a iniciar y, posteriormente, desarrollar con autonomía la actividad que prefiera dentro de los límites que establece la ley. (…) La iniciativa privada no puede ser obstaculizada dentro de la actividad económica».
Asimismo, aseveró que el régimen económico institucionaliza las reglas de juego y conduce la vida de los ciudadanos. «No refleja el discurrir dinámico de un país en su historia económica. Es crucial salir del esquema de régimen económico para entrar al esquema de sistema económico», agregó.
Líneas más abajo comentó que el Estado demuestra determinación para proveer bienes y servicios, los cuales, según la congresista Cortez, serían monopolizados por el sector privado. «Uno de estos ejemplos son las cajas municipales que funcionan bajo el derecho privado”, zanjó. También se mostró en contra de los monopolios y oligopolios, porque se establecieron por acciones de privatización y condiciones establecidas por el Estado en los denominados contratos Ley.
“Un ejemplo claro fue el caso del grupo Telefónica. Luego de obtener la concesión de toda la red telecomunicaciones, incumplió con la meta de alcanzar una teledensidad de 20% para el 2003 conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo 20-98-MTC. (…) El monopolio español incumplió su obligación de garantizar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones privadas contenida expresamente en la Sección 8.10 del contrato», ejemplificó.
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Crítica sin sustento hacia los contratos ley
Además, la congresista Cortez aseguró que los contratos ley han generado pérdidas al Estado. Pues las empresas “vieron este sistema de protección jurídica como un negocio y no como una oportunidad de hacer empresa”. Incluso puntualizó que el gobierno se ha visto confrontado a una expansión de procesos arbitrales. «No puede responder por lo limitado de su capacidad legal, la inclinación pro empresa que tienen los contratos y las adendas, por adjudicaciones realizadas con corrupción. Es por todo esto que urge reformar la Constitución Política del Perú. Urge modificar el artículo 62 de la Constitución», alegó.
También pormenorizó que los laudos arbitrales perdidos por el Estado representan ingentes recursos económicos que afectan a sectores estratégicos para el desarrollo del país. «El costo en los últimos 5 años fue de un poco más de 1800 millones de soles. Por ello propuse una modificación del artículo 63 de la Constitución Política quitando el párrafo del Artículo la frase: Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero», precisó.
Los «beneficios» según la congresista
La congresista Cortez detalló que su proyecto de ley tienen tres beneficios: incremento de utilidades de empresas estatales; reducción del efecto de las pérdidas al modificar el artículo 63 sobre la jurisdiccionalidad de los arbitrajes; y posibilidad de hacer efectivas las multas establecidas por los organismos reguladores al contemplarse la modificación del artículo 65.
