El pasado 29 de diciembre, la excongresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia constitucional en contra de el exmandatario, Martín Vizcarra. La misma que fue declarada procedente por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
En ese momento, la Comisión Permanente concedió 15 días hábiles para que dicha Subcomisión investigue el caso y elabore un informe final.
La denuncia se sustenta en una posible violación del art. 126 de la Constitución Política del Perú. La misma que establece que los ministros no pueden ejercer otra función pública que no sea la legislativa. Además de que no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
En conformidad con ello, se acusa al expresidente de no haber renunciado a las acciones que mantenía en su empresa CyM Vizcarra S.A.C. durante su período como ministro de Transportes y Comunicaciones entre los años 2016 y 2017.
Asimismo, se le inculpa de haber favorecido presuntamente a la empresa Obrainsa. La misma que, junto A CyM Vizcara S.A.C., formó parte del Consorcio Colca.
Por su parte, Fernando Ugaz, abogado del implicado, refutó la aprobación de la denuncia el pasado 30 de diciembre. Así, sostuvo que esta “no tenía ni pies ni cabeza”. Además, declaró que su cliente había renunciado a los cargos que ejercía en el año 2010, mucho antes de asumir su puesto en el MTC y la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua. Por otro lado, respecto a la empresa Obrainsa, Ugaz sostuvo que esta se formó en 2003 y culminó ese mismo año.
