Ayer, tras un acalorado y deliberadamente desordenado debate, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo Terrores. El documento concluye que, entre otros delitos, Castillo encabezaría una organización criminal encargada de direccionar obras en diferentes entidades del Estado. Con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, las recomendaciones de este informe pasarán a discutirse en el Pleno del Congreso en las siguientes semanas.
5 denuncias en 4 casos diferentes
Según las conclusiones del informe final de la Comisión de Fiscalización, el presidente habría cometido 5 delitos en 4 casos distintos.
En el caso Puente Tarata III, se le acusa de ser el líder de una presunta organización criminal. Asimismo, de haber incurrido en los delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Según el informe, esta red criminal abarcaría 18 personas y habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde julio del 2021.
En el caso de los asensos en las Fuerzas Armadas, se le imputan los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible. Como pruebas, se tomaron en cuenta las conversaciones por WhatsApp entre el mandatario y el general en retiro del Ejército Peruano José Vizcarra, además del testimonio de este último.
En el caso Sarratea, se le acusa, nuevamente, de liderar una presunta organización criminal, además de incurrir en el delito de negociación incompatible.
Finalmente, también se decidió imputarle el delito de tráfico de influencias por el caso SUNAT. Esto tras confirmarse la veracidad de los chats filtrados entre Bruno Pacheco y Luis Enrique Vera (Superintendente de la SUNAT).
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La defensa de Castillo
Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, sostiene su defensa en tres puntos. En primer lugar, denuncia que la comisión no está llevando el debido proceso y sus conclusiones carecen de objetividad. Esto después de que el presidente de la Comisión de Fiscalización adelantara opinión. En segundo lugar, afirma que, de acuerdo a la constitución, el presidente no puede ser investigado ni acusado durante su mandato por los delitos que se le imputan en el informe final. En tercer lugar, argumenta que este proceso que afronta Castillo es absolutamente político y no tiene rigor jurídico.
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Posibles escenarios
De acuerdo con los especialistas, si el Pleno del Congreso aprueba la acusación por antejuicio político contra Castillo, no se le podrá acusar al presidente hasta que finalice su mandato, dado que cuenta con la protección del artículo 117 de la Constitución. Sin embargo, de aprobar la recomendación de acusarlo por infracción constitucional, el Pleno podría destituirlo e inhabilitarlo hasta por 10 años de ocupar cargos públicos.
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