El pasado 17 de diciembre, Chile vivió una jornada histórica al someter a votación popular una segunda propuesta de nueva Constitución, elaborada por un Consejo Constitucional de mayoría conservadora, que buscaba reemplazar la actual Carta Magna, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, la ciudadanía chilena rechazó mayoritariamente el nuevo texto constitucional, con un 55,76 % de los votos en contra y un 44,24 % a favor, según los resultados del Servicio Electoral (Servel) al 99,65% de las mesas escrutadas. De esta forma, se repitió el escenario de septiembre de 2022, cuando también se descartó una primera propuesta de Constitución, en ese caso redactada por una Convención Constitucional de mayoría progresista.
Esta fue la segunda vez en quince meses que se intentó cambiar la Constitución. La propuesta rechazada planteaba una visión más conservadora del país, con aspectos como el refuerzo del carácter subsidiario del Estado, la elección de la educación por parte de las familias y la expulsión inmediata de migrantes irregulares.
El presidente Gabriel Boric, quien apoyó el primer proyecto constitucional progresista rechazado en 2022, se mantuvo al margen de la campaña del segundo plebiscito, pero expresó su preferencia por la opción en contra.
Boric y su intento fallido de reforma constitucional
Con este resultado, se cierra el proceso de cambio constitucional iniciado tras el estallido social de 2019. Este derivó en un referéndum en octubre de 2020, donde el 78% de los chilenos optó por redactar una nueva Constitución. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que durante su mandato no impulsará un tercer intento de reforma constitucional y que se enfocará en las prioridades de la gente.
El mandatario reconoció que el proceso constitucional, que estaba destinado a traer esperanza, finalmente ha generado frustración. Y que el resultado del plebiscito es un fuerte llamado de atención para la política, que está «en deuda con el pueblo de Chile».
“La gente tiene la sensación de que esas grandes urgencias no han tenido un adecuado tratamiento y por eso hay desconfianza. Hay agotamiento al ver que probablemente las cosas no vayan a cambiar mucho, independientemente del resultado del próximo 17 de diciembre”, dijo a CNN el analista político y académico, Marco Moreno.
La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso en la mayoría de las dieciséis regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta.
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Aspectos de la propuesta constitucional
La propuesta de nueva Constitución rechazada este domingo presentaba una visión liberal en lo económico y conservador en lo social. Se contrasta con el primer proyecto sometido a votación popular en septiembre de 2022, que proponía un profundo cambio en el modelo de país, con una perspectiva feminista, social y ecológica.
Entre los aspectos más polémicos del nuevo texto constitucional, destacaban la defensa de “la vida por nacer”, que según sus críticos podría poner en riesgo el acceso al aborto en tres causales vigente desde 2017; el principio de “expulsión inmediata” de los extranjeros que ingresen de manera irregular a Chile; y la exención de impuestos sobre las viviendas principales, medida que se ha señalado como beneficiosa para los hogares más acomodados.
El texto también mantenía el principio del “Estado subsidiario”. Esto establece que el Estado interviene en una posición secundaria, luego del sector privado, en ámbitos como la salud, la educación y la seguridad social. Este principio ha sido criticado por opositores porque habría fortalecido las desigualdades sociales.
La coalición de izquierda Frente Amplio, que respalda al Gobierno de Boric, había anunciado su oposición al texto, argumentando que aumentaba “las desigualdades, la división y las injusticias”. Por su parte, la derecha tradicional y la «ultraderecha» defendían que la propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generaron las masivas protestas de 2019.
El rol del Partido Republicano
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que tuvo un rol protagónico en la redacción del nuevo texto, reconoció la derrota:
“Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Nosotros, los republicanos, somos diferentes: cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, perdemos. Esta noche, una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que impulsamos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad. Fracasamos en el intento de convencer a los chilenos de que esta nueva Constitución sería mejor que la actual”, afirmó Kast.
Desde su creación en 2019, el Partido Republicano ha tenido un gran impacto en la política chilena al liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2021 y obtener cerca de la mitad de los escaños en el Consejo Constitucional en mayo de 2023.
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Cuatro años de reforma constitucional
Chile cerró un proceso de reforma constitucional de cuatro años con el rechazo a la segunda propuesta de nueva Constitución, lo cual no logró satisfacer las demandas sociales surgidas durante el estallido social de 2019.
La votación se llevó a cabo en medio de una atmósfera de fatiga y apatía entre los chilenos, quienes han participado en varias elecciones nacionales en los últimos años para decidir sobre el destino constitucional del país. Más de 340.000 personas solicitaron dispensa de voto, tres veces más que en la primera votación en septiembre de 2022.
La derecha tradicional, agrupada en la coalición Chile Vamos, podría recuperar su espacio político tras este resultado. Chile mantiene así la Constitución promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, a pesar de las críticas por su origen y su consideración como obstáculo para reformas sociales significativas. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los más estables y prósperos de América Latina, con una alta calificación en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Chile deberá ahora enfocarse en resolver los urgentes problemas que afectan a la población, como el bajo crecimiento económico, el alto costo de vida, la inseguridad, la delincuencia y la migración, sin esperar cambios constitucionales o refundaciones.
