La Comisión de Ética del Congreso debatirá este lunes 16 de octubre las denuncias contra las congresistas María Acuña e Hilda Portero por el caso Mochasueldo. Las dos legisladoras pertenecen a la bancada de Acción Popular y podrían ser sancionadas con una suspensión de hasta 120 días si se comprueba su responsabilidad.
El caso Mochasueldo se refiere a la práctica ilegal de algunos congresistas que exigen a sus asesores o personal de confianza que les devuelvan parte de sus remuneraciones o que acepten cobrar menos de lo que les corresponde. Esta conducta fue denunciada por varios extrabajadores del Congreso que señalaron a sus exjefes como responsables.
Detalles de las denuncias
La denuncia contra María Acuña fue presentada por la Procuraduría General del Estado ante la Fiscalía de la Nación luego de que Willax TV difundió una grabación en la que se escucha a la congresista tratando de llegar a un acuerdo con uno de los trabajadores de su oficina en Chiclayo para evitar ser denunciada.
Según las declaraciones del empleado afectado, solamente estaba recibiendo mil soles al mes por su puesto de coordinador de la Oficina Descentralizada de Acuña en la ciudad de Lambayeque. No obstante, el sueldo correspondiente a este cargo asciende a los cuatro mil soles mensuales más refrigerio y pasajes. La legisladora parecía estar intentando pactar con el trabajador para no exponer que no le estaba pagando lo que le correspondía según el puesto.
Hilda Portero, congresista del mismo partido, también fue acusada de ser una de las legisladoras que recortaba el sueldo a sus trabajadores. La congresista habría utilizado aportes de sus trabajadores de confianza para realizar donaciones de sillas de ruedas a personas vulnerables. La denuncia se basó en el testimonio de una de las personas que compró dos sillas de ruedas para la parlamentaria. Esta afirmó que le pagaron con un cheque del Congreso y que nunca recibió un recibo o una factura.
La Comisión de Ética está presidida por el congresista Diego Bazán, de Alianza para el Progreso, y otros miembros de diferentes bancadas. Si la Comisión aprueba una sanción contra las denunciadas, esta deberá ser ratificada por el pleno del Congreso.
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Otros investigados
Además de Acuña y Portero, hay otros congresistas que están siendo investigados por el caso Mochasueldo. Esta práctica ilegal fue denunciada por varios extrabajadores del Congreso, que señalaron a sus exjefes como responsables. Entre los investigados se encuentran María Acuña, Magaly Ruiz y Rosio Torres (de Alianza para el Progreso); José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular); María Cordero Jon Tay (fue expulsada de Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Katy Ugarte (no agrupada), Heidy Juárez (Podemos Perú).
El caso Mochasueldo cobró relevancia luego de que el Poder Judicial condenara a 22 años y 5 meses de prisión al excongresista Michael Urtecho por el delito de concusión y enriquecimiento ilícito. Urtecho fue hallado culpable de recortar el sueldo a cuatro trabajadores de su despacho. Entre ellos se encontraba una pareja de esposos que se encargaba de la limpieza y la cocina en su casa.
Se calcula que Urtecho y su esposa se habrían beneficiado con 430 mil soles por este ilícito. De esta forma, el caso Mochasueldo ha puesto en evidencia la falta de transparencia y control en el manejo de los recursos públicos del Congreso.
Por otro lado, la Comisión de Ética del Congreso tiene pendiente resolver otras presuntas faltas éticas. Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Parlamento, fue denunciada por asistir a una fiesta que terminó con el asesinato de un periodista. Amuruz, de la bancada de Avanza País, podría ser sancionada con una suspensión de hasta 120 días si se determina su responsabilidad.