Censuraron la libertad de prensa. Las rondas campesinas de Cajamarca secuestraron anoche a dos periodistas de Cuarto Poder: Eduardo Quispe Palacios (reportero) y Elmer Valdiviezo (camarógrafo). La retención se produjo en La Palma, Chota.
Los hombres de prensa realizaban tomas de apoyo para un reportaje, cuando fueron raptados de improviso. «Alegaron que ingresamos a la comunidad sin permiso. No aceptaron nuestras disculpas, y las cosas se volvieron tensas», confesó Quispe al retornar a Lima.
Luego, los ronderos, con chicotes en mano, coaccionaron al reportero. Debió leer un comunicado en vivo para desmentir el reportaje emitido el último domingo en Cuarto Poder. La investigación periodística compiló dos temas: el ofrecimiento de obras de la hermana de Lilia Paredes y la construcción de un helipuerto informal en casa de los progenitores del mandatario.
«Hicimos una imputación falsa. Nos rectificamos como prensa. (…) Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas», leyó Quispe. Después de la enmienda, liberaron a los periodistas. Pero decomisaron sus equipos y teléfonos. Asimismo, reconoció que el burgomaestre de la comunidad presenció el secuestro. «Como autoridad pensé que neutralizaría las aguas en el lugar. Pasó todo lo contrario», acotó.
Pronunciamiento presidencial
Más de diez horas tardó en pronunciarse. El presidente Castillo repudió el secuestro. Además, exigió una pesquisa de la retención. En un escueto mensaje de Twitter, manifestó: «Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades. Somos respetuosos del Estado de Derecho. Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido en Cajamarca».
Pero el periodista Quispe aseveró que el presidente se contradice. «Hay una brecha enorme entre lo que dice y hace. (…) Puede escribir o hacerlo recomendado por sus asesores. Pero lo que dice y escribe no coincide con la verdad», arguyó.
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Solidaridad
Hombres de prensa y organizaciones se solidarizaron. La Defensoría del Pueblo recordó que el Estado «debe garantizar la libertad de prensa, protegiendo a periodistas». Incluso el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigió la inmediata intervención del Ministerio Público.
Para el Colegio de Periodistas del Perú, el secuestro de anoche se consideró un «vejamen». También deploró la política errada del Gobierno contra periodistas y comunicadores que informan sobre asuntos y temas de interés nacional. Y el Consejo de la Prensa Peruana lo calificó como «uno de los ataques más graves de los últimos años».
«Esto (retención) lo hacía Sendero Luminoso y el MRTA con periodistas. Les hacían leer proclamas favorables a la lucha armada», apostilló Roberto Pereira, abogado del IPYS. «Esto ya se ha visto, por ejemplo, en Venezuela. En Ecuador con el presidente Correa cuando se atacaba constantemente a la prensa con discursos hostiles», agregó.
Asimismo, la periodista Rosa María Palacios condenó el rapto. «Los han obligado a leer, mintiendo, para salvar sus vidas. Si esto queda impune, se va a repetir a diario», escribió en redes.
La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en La Palma. El proceso de indagación se hará en el marco del delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto) en agravio de dos periodistas de Cuarto Poder.
