El sábado 20 de enero de 2024, Ruth Bárcena agredió físicamente a la presidenta Dina Boluarte durante un evento oficial en Chiara, Ayacucho, evadiendo la seguridad. Bárcena se acercó y samaqueó a la mandataria, quien estaba lanzando dulces durante la inauguración de una carretera. La agresión ocurrió en un contexto de tensión y descontento hacia la gestión de Boluarte, especialmente en regiones con protestas antigubernamentales en 2022-2023, que dejaron 49 muertos y cientos de heridos. Bárcena, familiar de uno de los fallecidos, exigía atención a sus demandas.
Tras el ataque, Boluarte fue resguardada por su equipo de seguridad y continuó con su agenda en Ayacucho, donde visitó otros distritos y entregó ayuda humanitaria. Sin embargo, el hecho tuvo consecuencias políticas, pues la jefa de Estado dispuso el cambio del jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, el general del Ejército Miguel Martín Kuan Garay, quien era el responsable de velar por la seguridad integral de la presidenta y su familia, tanto en el interior como en el exterior de la sede del Ejecutivo. Kuan Garay fue reemplazado por el general José Luis Reátegui Aching, mediante la resolución suprema 016-2024-DE, publicada en el diario oficial El Peruano.
Removieron al Comandante General Jorge Angulo
Este cambio se suma al que se realizó días antes, cuando Boluarte removió al comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, a quien responsabilizó por el fallido estado de emergencia en algunos distritos de Lima y Piura, así como por el aumento de la criminalidad en el país.
Pasaron al retiro a Angulo sin respetar la Ley 31570, que establece que solo se puede cesar a los altos mandos policiales por motivos graves y debidamente sustentados. El excomandante general de la PNP denunció que el Ejecutivo usó la agresión a Boluarte como pretexto para destituirlo y que no hubo coordinación ni comunicación entre las autoridades.
Por otro lado, la presidenta Boluarte sorprendió al pedir al Ministerio Público que cierre la investigación iniciada contra Bárcena por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. En una carta enviada a la fiscalía de Huamanga, Ayacucho, Boluarte manifestó que no impulsaría la investigación y que exhortaba al cierre de la misma si la autoridad lo consideraba pertinente. Asimismo, expresó su solidaridad con los deudos de las víctimas de las protestas sociales y lamentó la falta de una investigación rigurosa y completa sobre ese periodo.
Opiniones frente a las decisiones de la presidenta
La decisión de Boluarte generó opiniones encontradas entre diversos sectores políticos y sociales. Algunos la respaldaron como un gesto de reconciliación y diálogo con los sectores afectados por la violencia, mientras que otros la criticaron como una muestra de debilidad y de impunidad frente a un intento de magnicidio. El periodista Hugo Guerra, por ejemplo, sostuvo que la Fiscalía debía hacer caso omiso al pedido de la presidenta y continuar con el proceso contra la agresora, argumentando que atentar contra el jefe de Estado es un delito grave que requiere una sanción contundente. También cuestionó la imprudencia de Boluarte de ir a lanzar caramelos y chocolates a una población que está dolida ancestralmente y que considera su visita como una provocación.
Critican los viajes de la presidenta
La agresión a Boluarte también ha reavivado el debate sobre la seguridad de la presidenta y su familia, así como sobre la conveniencia de sus viajes a las regiones donde hay cierta hostilidad hacia su gestión. En ese sentido, se ha pedido a Boluarte que no vaya a Puno, donde las protestas han dejado 18 familias de luto y 500 heridos, y que actúe con prudencia y respeto hacia la situación de luto que atraviesa la región.
La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca ha expresado su rechazo a la visita de la mandataria y del primer ministro Alberto Otárola a Puno, argumentando que abriría heridas recientes y podría causar más conflictos sociales. En conclusión, la presidenta Boluarte tiene el desafío de recomponer su imagen y su liderazgo, así como de atender las demandas de los sectores afectados por la violencia, sin descuidar los problemas más urgentes que aquejan al país, como la seguridad y la economía.
