La Comisión de Reforma Integral del Sistema Previsional del Perú, aprobó el proyecto de Ley Marco del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). La medida integra al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el Sistema Privado de Pensiones (SPP), Pensión 65 y el Programa Contigo. Sin embargo, este aún debe debatirse en Pleno del Congreso.
Frente a ello, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), consideró que esta no es una medida viable. A su juicio, la iniciativa del Parlamento sería perjuficial para los afiliados al SPP. En esta línea, indicó que la aprobación de esta normativa sería desconocer el contexto económico de los fondos de los aportantes.
En diálogo con Diario El Gobierno, Beteta ratificó su postura en contra del proyecto aprobado por la ‘Comisión Omonte’ y explicó los perjuicios que traería su promulgación.
—Sobre el proyecto de ley que busca cambiar el sistema de pensiones, ¿cuáles son los perjuicios de esta norma para el actual sistema financiero?
La Asociación de Contribuyentes se preocupa porque, en primer lugar, el sistema necesita más competencia. Deberían haber más competidores en el sistema de gestión de fondos, ya sean internacionales, como AFP’s de otros países que puedan licitar con el estado peruano, como nacionales. Esto, para obtener fuentes de capitalización. El mercado peruano es pequeño y, por tanto, la cantidad de aportantes que tiene el Perú en cuanto a AFP’s también.
No considero que los fondos ni los mecanismos como menciona la ley sean la solución. Lo que se podría hacer es generar competitividad, de tal manera que las AFP no funcionen en un monopolio. Sin embargo, dicha finalidad no se va a conseguir de esta manera. Lo que plantea este proyecto de ley no es lo más viable. Si quieres más competitividad en las cuentas de capitalización, este proyecto no es la mejor solución.
La ley no especifica quién va a ser libre de dirigir esas inversiones. Lo cierto es que, el Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP) en algún momento te dice que la gestión va a ser privada; sin embargo, el Estado podría encargarse de la inversión sin regulación. ¿Tú quieres competencia en el mercado o que el Estado sea el único que maneje el sistema? Una contradicción enorme.
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—Existe incertidumbre en el mercado peruano por la poca competencia…
Supuestamente es darnos alta competencia, pero no se logra si ese vacío está presente. La ley no determina el porcentaje de cuánto se va asignar a tu cuenta de riesgo individual. Por ejemplo, un día el Estado puede decirte que este poco dinero se va a politizar con un porcentaje del 30 % o 35 % y al otro, uno distinto. Eso es crítico con el escaso dinero que tiene el sistema estatal.
Con solo el hecho de quitarle al aportante su dinero para dárselo a otro, es una apropiación al afiliado. Por ello, es crucial determinar este porcentaje con la finalidad de que el propio afiliado decida en dónde invertir. Recuerda que vivimos en un mercado demasiado informal, donde una minoría aporta en los fondos de pensiones.
—¿Cómo afectaría esta ley al mercado laboral peruano?
Sobre todo, para variar, a los formales. Ellos sí pagan impuestos y hacen aportes o tributos. No obstante, el problema a fondo es que necesitamos más peruanos que aporten, no menos, porque la informalidad sigue vigente y existe una baja productividad del mercado laboral. En ese sentido, los más afectados serán los trabajadores peruanos que siguen las regulaciones.
—¿Y cómo se debe incluir al sector informal?
El problema es que la formalidad es carísima. Si quieres tener más aportantes, necesitas formales, y para eso necesitas abaratar los costos en la contratación laboral. Hasta que no se haga una reforma de contratación laboral en el Perú, que lleva años pendiente, será solo un sueño.
Es irónico porque el Estado y varios políticos, por años, no han querido flexibilizar las contrataciones. Según ellos, porque quitan derechos a los trabajadores. Sin embargo, esto le afecta directamente a quienes son contratados formalmente. Una reforma de pensiones no se puede implementar sin una reforma integral del sistema laboral peruano.
—Entonces, ¿qué tipo de proyecto de ley sobre régimen laboral debería promoverse? ¿Qué debe contener?
Se debe crear una identidad estatal de inversiones, para que la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS) e Indecopi generen una regulación y mecanismos para hacer dos cosas. Primero, que la SBS genere competencia en el mercado de pensiones. Segundo, que la Indecopi fiscalice que estos mecanismos no sean costosos y las inversiones no giren entorno solo a los grupos económicos de las AFP.
Es necesario romper ese oligopolio, abriendo un mercado con mayor posibilidad de competencia, para que las AFP reduzcan sus costos y funcione el mecanismo de riesgo compartido. Hoy las AFP solo ganan de su comisión. Por lo tanto, siempre ganan, no hay una inversión solidaria entre AFP’s y los aportantes. Este proyecto de ley es un parche, vas a seguir apretando a pocos aportantes formales con una masificación de gente que no aporta nada. Eso va a colapsar.
—¿Cómo considera la insistencia de Carmen Omonte, quien asegura que es mejor debatir el proyecto en este Congreso?
El Congreso de ahora, no. Imposible. Como te digo, existen vacíos severos, perjudican a los privados y al propio Estado. No sabes cuánta plata de tu cuenta de riesgo individual y solidaria va a pasar con quienes no quieren entrar o no pagan sus impuestos. La ley no piensa en el afiliado.
Están expropiando a los aportantes y eso es inconstitucional, la SUNAT va a recaudar ese dinero. Una vez que le dices a un aportante de un fondo privado que su plata irá a la SUNAT y otra parte se irá a una cuenta que no es suya, se quedará aturdido. Eso provocaría una demanda al Tribunal Constitucional, porque estás expropiando recursos privados.
—Respecto al sistema económico financiero, ¿cuáles son los límites del Estado para intervenir? ¿En dónde debe intervenir?
El primero es quitando esta licitación a las cuatro AFP, para más fondos de inversión. La segunda forma está en las comisiones y sus costos que se encuentran vinculados a la rentabilidad para que sea compartido. Pierdo yo, pierdes tu; gano yo, ganas tú. En la actualidad, suelen ganar solo las AFP.
La última, es que tú puedes generar un sistema privado más abierto en el que un porcentaje del aportante pueda ir a un fondo solidario. Sin embargo, de manera indirecta, es mejor que un porcentaje del impuesto a la renta o IGV vaya al fondo solidario de pensiones. La intangibilidad de tu aporte no se puede tocar.
—Eso podría generar miedo en el aportante…
Hay que ser honestos, el aportante no va a querer pagar AFP nunca más. Lo que va a pasar, es que el aportante dejará de invertir. Incluso los inversionistas nacionales y extranjeros son conscientes de que este dinero lo va a regular el Estado y será incondicional. Es decir, lo manejarán a su antojo.
La asociación se enfoca en los perjuicios que puede traerle al ciudadano este proyecto. Si no hay población formal, solo estaría estrujando a casi 4 millones de aportantes regulares. Es un panorama inviable.
