Según una reciente encuesta de Datum, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte ha caído al 9 %, el nivel más bajo durante su gobierno, mientras que su desaprobación ha alcanzado el 85 %, el más alto durante su mandato. La encuesta también muestra que el 73% de los encuestados rechazan el desempeño de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, y la mayoría cree en las acusaciones en su contra.
Detalles de la encuesta sobre Dina Boluarte
En todas las regiones del país, el descontento supera el 80%, llegando al 92% en la zona sur. Por niveles socioeconómicos, Boluarte tiene una aceptación del 15% en los sectores A/B, pero en los sectores C, D y E, la aprobación no supera el 9%.
En cuanto a las instituciones, el Congreso concentra un 88% de rechazo, con una aprobación del 7%. El Poder Judicial tiene una aceptación del 15%, pero con un 78% de desaprobación.
Estos resultados muestran un panorama de fuerte desaprobación y críticas hacia la gestión de Dina Boluarte en su primer año de mandato y una baja confianza en las instituciones del Estado. Durante su gestión no se han implementado medidas efectivas para abordar los problemas de seguridad y reactivación económica.
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Economía durante la gestión Boluarte
Por el lado económico, no se han tomado medidas para paliar la crisis de deuda de las familias y las micro y pequeñas empresas, ni se ha impulsado y protegido adecuadamente sectores como la agricultura, la minería, los pequeños productores y los pescadores artesanales. Además, se critica la falta de desarrollo de obras importantes en conectividad vial, agua potable y vivienda social. La falta de desarrollo de obras importantes en áreas como la conectividad vial, el suministro de agua potable y la vivienda social también ha contribuido al estancamiento económico. Esto ha generado la pérdida de decenas de miles de empleos.
El crecimiento del PBI ha sido revisado a la baja en múltiples ocasiones por el BCR a lo largo del año. La inversión privada y las expectativas empresariales no han logrado recuperarse y se espera que la pobreza aumente. Si no se gestiona adecuadamente este desafío climático, las cifras económicas podrían ser aún peores.
Casos de corrupción e inseguridad ciudadana
Asimismo, han surgido casos de corrupción que involucran pagos irregulares, financiamiento oculto de la campaña 2021, plagio e influencias del círculo cercano a la presidenta. Si bien dichos casos continúan en investigación, no han tenido avances significativos ni llegan a comprometer directamente a la presidenta, lo que algunos analistas interpretaron como una actitud complaciente de la fiscalía hacia el gobierno. Estos aspectos han generado la percepción de que el país se encuentra en una situación igual o peor que antes.
Por otro lado, hay una falta de prioridad en seguridad ciudadana en la gestión de la mandataria. El «Plan Boluarte» y los estados de emergencia declarados han sido solo gestos simbólicos sin medidas complementarias ni estrategias claras para abordar el problema de la seguridad ciudadana.
No se han tomado decisiones de fondo para fortalecer la policía y abordar de manera integral la seguridad ciudadana, así como reducir el narcotráfico, la minería ilegal y otros tipos de criminalidad que actúan con impunidad.
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Decisiones cuestionables
Las normativas emitidas por el Gobierno son contradictorias, como el endurecimiento de penas y, al mismo tiempo, la promulgación de mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Esto genera confusión y falta de coherencia.
En cuanto a política exterior, se ha criticado los frecuentes viajes de la mandataria a veces sin sentido ni propósito claro y con algunos desplantes -como la reunión con Joe Biden y con el Papa Francisco- por falta de coordinación y planificación de parte de la Cancillería.
Se argumenta también que la presidenta no ha sabido elegir a sus ministros. El primer ministro Alberto Otárola ha tenido una gestión con serias controversias. Se critica que Boluarte ha permitido que Otárola tenga un papel dominante en el gobierno, lo que ha llevado a decisiones cuestionables y falta de resultados.
Rol del primer ministro Otárola
Boluarte habría dado un protagonismo excesivo al primer ministro, en detrimento de su rol como presidenta. Se le acusa de ser quien gobierna en la sombra, mientras que la presidenta viajaba y acudía a ceremonias sin resolver los problemas nacionales urgentes. Asimismo, el primer ministro no ha logrado reactivar la economía ni ejecutar fondos para el próximo Fenómeno El Niño. Y tiene señalamientos por presuntos actos de corrupción, como irregularidades en contrataciones de su sector.
Por último, Otárola ha sido cuestionado, junto con la presidenta, debido a la violencia durante las protestas de este año, que dejó varios ciudadanos muertos y heridos. También se menciona la crisis institucional, con un Congreso deslegitimado conformado por personas que solo se interesan por sus negocios particulares, salvo excepciones.
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¿Cómo empezó el gobierno de Dina Boluarte?
Cabe recordar que Boluarte asumió la presidencia de forma repentina tras la destitución de Castillo, quien intentó disolver el Congreso. Se convirtió en la primera mujer mandataria del país y pidió consenso para su gobierno. Sin embargo, enfrentó numerosas protestas que le exigían elecciones anticipadas.
Estas manifestaciones fueron reprimidas por fuerzas del orden, dejando varios muertos y heridos. Asimismo, impulsó la lucha anticorrupción aunque también enfrentó cuestionamientos por posibles actos de corrupción y plagio. Su gestión adoleció de resultados en lo económico y social: la economía se encuentra en recesión, con falta de inversión privada, y la pobreza creció bajo su mandato. Su propuesta de adelantar comicios al 2024 tampoco encontró apoyo legislativo.
¿Qué mensaje deja la encuesta de Datum?
La reciente encuesta revela una gran desaprobación del gobierno de Dina Boluarte. Además, muestra un rechazo generalizado hacia instituciones clave como el Congreso y el Poder Judicial. Estos resultados reflejan el malestar ciudadano por la falta de soluciones efectivas a problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, corrupción y la designación de ministros cuestionados. En conclusión, Boluarte enfrenta una grave desconfianza pública y su futuro político parece complicado si no se producen cambios significativos.
