Iniciativa del partido Alianza para el Progreso. Dicha iniciativa obligaría a José Luna, denunciado por crimen organizado, a dar un paso al costado en la Comisión de Presupuesto. A pesar de ello, el proyecto no afecta a otros congresistas procesados. Uno de ellos es José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien dirigirá la Comisión de Presupuesto. El mencionado parlamentario enfrenta pesquisas por los casos Lava Jato y del desaparecido CNM.
Otros congresistas investigados por integrar una organización criminal son ‘Los Niños’ de Acción Popular. Ilich López, parlamentario que está en la mira de la Fiscalía, es secretario de la Comisión de Economía; Jorge Luis Flores lidera la Comisión de Energía y Minas, y Darwin Espinoza es vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Construcción.
En el congreso, la distribución de comisiones para esta legislatura 2022-2023 generó controversia. Esto debido a que el acuerdo de las bancadas puso como presidentes, vicepresidentes o secretarios de grupos de trabajo claves a parlamentarios investigados por el Ministerio Público por crimen organizado.
El proyecto abarca los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, apología y organización criminal. No menciona, no obstante, a los procesados por corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado. Sin embargo, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó ayer una propuesta de ley.
¿Quiénes darían un paso al costado por crimen organizado?
Dicha propuesta, de aprobarse, ocasionaría que los congresistas con determinados procesos legales dimitan en la comisiones ordinarias que presiden. Bajo el universo de ilícitos a los que hace referencia el PL de Acuña, debería dar un paso al costado el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quién preside la Comisión de Presupuesto.
Actualmente, Luna es investigado por organización criminal. El Ministerio Público sostiene que el dueño de la Universidad Telesup dirige una organización ilícita que maquinó el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El objetivo, según la tesis fiscal, era elegir a Adolfo Castillo como jefe de la ONPE en 2017 y, de esta manera, facilitar la inscripción de Podemos Perú como partido político.
Esta organización criminal fue nombrada por la Fiscalía como ‘Los Gánsteres de la Política’ y el presunto líder sería Luna Gálvez. Los operadores del congresista de Podemos habrían sido Jorge Luis Cavassa —también investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos’— y Adolfo Castillo.
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Otros investigados
En tanto, el congresista de Perú Libre Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo y lavado de activos, vicepresidente de la Comisión de Economía. Existen otros legisladores con investigaciones que integran las mesas directivas de comisiones importantes, pero los delitos que se les imputan no están enmarcados en la propuesta de ley de Acuña: el fujimorista Alejandro Aguinaga, secretario de la Comisión de Presupuesto, con un proceso por el caso de las esterilizaciones forzadas, y su colega naranja Nilza Chacón también tienen una pesquisa en la Fiscalía de Áncash por lavado de activos.
Del mismo modo, Hector Valér, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es indagado por homicidio culposo y contaminación ambiental; y Edgar Tello, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, tiene una denuncia por tráfico de influencias. Sin embargo, el proyecto de Alianza para el Progreso no toca a los legisladores que están presuntamente involucrados en estos ilícitos.
Esta iniciativa pasará a debatirse en la Comisión de Constitución, presidida por Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Para aprobarse, necesita primero recibir luz verde en la instancia dirigida por Guerra. No obstante, cabe recordar que en dicha comisión usualmente se estancan reformas que sean ajenas a los intereses del fujimorismo, el cerronismo y sus bancadas aliadas.
