El pasado domingo 28 de enero del presente año, se dio a conocer que el ex congresista de Alianza para el Progreso, Freddy Díaz, enfrentará un juicio por presunto abuso sexual. De hecho, el ex parlamentario será el primer legislador elegido para el actual Parlamento en ser sometido a un juicio por hechos ocurridos mientras era congresista de la República.
Acusación
Se presume que el ex congresista de la República habría violado sexualmente a una trabajadora en su despacho congresal. La denuncia fue presentada por la misma mujer afectada, por lo cual la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal se dispuso a iniciar con sus labores de investigación. En cuanto a la defensa del acusado, si bien admite que mantuvo relaciones sexuales con la afectada, Díaz rechaza la acusación, afirmando que estos actos fueron consensuados entre ambos.
Frente a todos estos sucesos, el Congreso de la República terminó por blindar al parlamentario, algo altamente cuestionable dada la gravedad de los hechos. Sin embargo, esto cesó en enero del año pasado, con la inhabilitación y correspondiente destitución del entonces legislador. Asimismo, se pudo lograr la imposición de una orden de prisión preventiva a cumplir hasta agosto de este año como mínimo. Para octubre del 2023, la Fiscalía llegó a culminar con su rol de investigación a Freddy, presentando así la acusación final en su contra. Dentro de la misma, se estableció que la solicitud realizada es de cumplir una condena de 20 años en prisión. Así, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, podrá llevar el caso a juicio oral, mediante el adecuado control de acusación. Cabe resaltar que dicha etapa en el proceso inició el 18 de diciembre del año pasado.
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Seguimiento
En cuanto a las declaraciones de ambas partes en el marco de este caso, la defensa del ex congresista presentó una solicitud de sobreseimiento. El propósito es conseguir que se archive la acusación, evitando así que se llegue a la etapa de juzgamiento. El motivo detrás era la falta de evidencia para justificar un juicio basado en estas acusaciones. Posteriormente, el magistrado decidió que la petición era infundada, confirmando así que el juicio oral se llevaría a cabo. Lo que se pasó a discutir fueron las pruebas a utilizar dentro del futuro juicio.
Esto se resolvió tras un debate en la última audiencia de control de acusación, con la emisión de una resolución la semana pasada. Allí se admitieron las pruebas a usarse, como declaraciones de cinco testigos ofrecidos por la fiscalía, siete peritos y 18 pruebas documentales. Toda esta carga de evidencia pasará a ser objeto de evaluación de los jueces de juzgamiento.
